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Esta indicación es considerada clave en miras a la nueva ley sobre Educación Pública en la que trabaja el Ejecutivo, que se enviará al Congreso en julio próximo, según anaunció ayer la secretaria de Estado. Jiménez de la Jara dijo que en ello están trabajando parlamentarios de la Concertación y académicos de la Universidad de Chile. La segunda indicación presentada por el Ejecutivo y apobada ayer en comisión modifica el artículo 1 transitorio y reduce a un año el período en que los sostenedores deberán acreditar ante el Mineduc, el inicio de trámites para tener un giro único, "debiendo concluir este proceso de adecuación en el plazo máximo de dos años desde la publicación de esta ley".
INTENSO DEBATE
La primera fue la de mayor debate en la comisión de Hacienda. Los seis diputados de derecha que la integran, Rodrigo Alvarez, Roberto Delmastro, Julio Dittborn, René Aedo, Claudio Alvarado y Gastón Von Mühlenbrock, se oponían incluso a su admisibilidad y hasta existió la idea de que no votarían el proyecto en su conjunto. El ministro secretario general de Gobierno, José Antonio Viera-Gallo, fue acusado por la diputada Marcela Cubillos de "faltar a su palabra" por haber presentado indicaciones, pero éste le replicó que el Gobierno seguirá empeñado en buscar un consenso.
El 2007, cuando la Concertación intentó buscar un camino común para enfrentar la oposición que rechazaba la LGE original (la que vetaba el lucro), Viera-Gallo se propuso llegar a acuerdo con la Alianza pero ésta siempre se opuso a incorporar el concepto de educación pública. El Partido Radical destacó la omisión y advirtió que no firmarían el acuerdo si la educación pública no era parte del mismo. El Gobierno convocó, entonces, a los partidos oficialistas a firmar un protocolo para fortalecer la educación pública. Trabajo que se expresará en el cuerpo legal anuniado para julio.
CELEBRACIONES
Los llamados "díscolos" y "neodíscolos" disfrutaron el éxito de haber llevado a la Concertación y al Gobierno a presentar correcciones a la LGE y a retirar la urgencia. Pero también anunciaron que a lo menos algunas de las 154 indicaciones que se habían presentado serán repuestas en la sala. "Triunfó la razón frente a los estereotipos y a diversas visiones muy conservadoras. El país puede tener la tranquilidad de que el parlamento va a discutir detenidamente todas las preocupaciones de la comunidad educacional", dijo Sergio Aguiló.
Tras la aprobación de las dos indicaciones del Ejecutivo, la Alianza anunció que pedirá una reserva de constitucionalidad de la modificación que introduce el concepto de educación pública. "Más allá del fondo de la indicación, el tema es que teníamos un acuerdo que era integral y creemos que esta indicación en nada aporta al acuerdo. Sin embargo, yo creo que se podrá discutir más adelante", dijo el diputado RN Germán Becker, dando cuenta de las diferencias que existen al interior de la Alianza en la materia.
Por la Concertación, el jefe de la bancada DC, Eduardo Saffirio, dijo que "un acuerdo político no es un contrato de compraventa". En tanto, la ministra Jiménez señaló que "es inconcebible que una ley general de educación no considere una mención a una educación pública, gratuita, pluralista".
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