LOS PODERES DE LA DERECHA QUE BLOQUEAN LA REFORMA EDUCACIONAL

Trasfondo del conflicto por la LGE.

Las indicaciones al proyecto de ley que reemplazará a la LOCE, y la amenaza de la derecha de no aprobar la Ley General de Educación, si éstas son aceptadas, están incendiando la gestión de la ministra Jiménez. Pero mientras esta polémica se desarrolla a vista y paciencia de todo el mundo, bastante menos visible fue la participación de los grupos fácticos que movieron los hilos de la Alianza durante la negociación de la que surgió el famoso acuerdo para reformar un sistema donde la enseñanza pública es escuálida y débil.

Claudia Rivas A., El Mostrador.cl

La revolución pingüina del 2006 parecía haber quedado en la historia cuando el gobierno decidió asumir el compromiso de eliminar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y reemplazarla por la Ley General de Educación. Pero resulta que dos años después, los secundarios y una parte de la Concertación, también se resisten a la LGE. El principal conflicto es el mismo que generó las movilizaciones secundarias durante el primer año de gestión de Michelle Bachelet: la eliminación del lucro. Este fue el efecto de que durante las negociaciones, la derecha no estuvo dispuesta a ceder en este ámbito.

Cuando la Presidenta creó el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, muchos sectores se hicieron a la idea de que de allí saldrían propuestas que permitirían un cambio radical a la educación. Pero no fue así. Y para que una iniciativa pudiera llegar al Congreso, la autoridad tuvo que sentarse a negociar con la Alianza. La derecha se oponía, y lo sigue haciendo, a la eliminación del lucro y a terminar con la selección de los alumnos. Porque ambos elementos contribuyen a mejorar la calidad de la educación, aseguran en el sector. En la Concertación, en cambio, dudan abiertamente de la argumentación y sostienen que la derecha maneja la educación “con el mismo criterio mercantilista que cualquier otro negocio”. Eso explicaría tan férrea oposición a eliminar el lucro.

Lo que podría no estar tan alejado de la realidad dado que en el think tank más importante del sector, el Centro de Estudios Públicos, que participó activamente en la negociación para consensuar la LGE que se tramita en el Congreso –a través de sus investigadores Harald Beyer y Loreto Fontaine-, están representados los más poderosos e influyentes empresarios de nuestro país. Comenzando por el presidente del directorio, Eliodoro Matte Larraín. Pero eso no es todo. Su hermana, la socióloga Patricia Matte es considerada la voz de la derecha cuando de materias de educación y pobreza se trata. Su experiencia en estos temas data de la década de los ’70, cuando se desempeñó en Odeplan donde contribuyó al diseño de las políticas sociales implementadas por el régimen militar. Matte encabeza, además, una corporación de derecho privado dedicada a la educación: SIP.Red de Colegios. Este organismo tiene actualmente 10 colegios en comunas vulnerables de la Región Metropolitana como son Renca, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Ramón, Independencia, Recoleta, La Granja, La Pintana y Santiago. De allí que en la Alianza sea escuchada y seguida en materias educacionales.

El poder detrás de la LGE

Y si bien la plataforma de lucha de los pingüinos del 2006 era la eliminación del lucro, después de dos años el proyecto de ley que se tramita en el Congreso sólo “hace un leve intento por mejorar, respecto de la LOCE”. Para llegar a lo que hoy se está debatiendo y contra lo que reclama el actual movimiento secundario, el gobierno debió ceder en aspectos emblemáticos, reconocen en la Concertación. La eliminación del lucro y la selección, por ejemplo. La advertencia a la hora de sentarse a negociar era clara, señala una fuente de la derecha: “La eliminación del lucro no está en nuestra agenda de trabajo”. Por eso, precisa un parlamentario de la Alianza, es que sí se acordó obligar a los sostenedores a “reinvertir las ganancias a través de un giro único”.

Los equipos negociadores de la derecha que están detrás del polémico acuerdo del que se desprendió la resistida LGE son, además del CEP, el Instituto Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán, ambos vinculados a la UDI; y el Instituto Libertad ligado a Renovación Nacional. Estos son, por tanto, los autores intelectuales de la LGE, que en lo esencial no se aleja de la LOCE, producto de la política neoliberal implementada durante el régimen militar que también llegó a la educación. Y que en lo concreto le entregó a los privados las herramientas para competir en la educación como en cualquier otro aspecto de la economía, limitando a su mínima expresión la participación del Estado en esta área.

En este contexto, eliminar el lucro significa un retroceso para la Alianza. No por nada desde la promulgación de la LOCE –sólo un día antes de que Augusto Pinochet dejará el poder- proliferaron también las universidades privadas. Un importante número de ellas producto de la asociación de grupos empresariales con políticos de derecha. Un ejemplo de ello lo constituyen las universidades Andrés Bello, Finis Terrae, del Desarrollo y de Los Andes, sólo por nombrar algunas. Es por eso que en el debate generado por la necesidad del gobierno de dar respuesta a las exigencias de sectores más progresistas de la Concertación en este ámbito, los intereses económicos de la Alianza chocan con los políticos. Y si bien la derecha aceptó negociar, se puso como límite no tocar los fundamentos ideológicos de la LOCE que da paso a la libertad de enseñanza, lo que la transforma en un lucrativo negocio, con escasa fiscalización de la calidad.

Así, el poder de los think tank de la derecha en la negociación que derivó en la LGE queda en evidencia cuando parlamentarios aliancistas admiten que “los puntos en los que no había acuerdo se resolvían entre Pedro Montt y Cristián Larroulet (director ejecutivo de Libertad y Desarrollo)”. En cuyo consejo también está representado el mundo empresarial a través de figuras como la propia Patricia Matte o José Antonio Guzmán, ambos ligados a la educación.

El triunfo de la derecha

En medio de la polémica generada ahora debido a que un grupo de parlamentarios se niega a avalar en el Congreso el acuerdo alcanzado el año pasado, surgen voces que reconocen que el proyecto “deja fuera aspectos emblemáticos”, pero que, sin embargo, la Concertación debe “honrar la palabra empeñada”. Partiendo de esa base, el analista DC Jorge Navarrete Poblete, admite que en la generación de la LGE la derecha salió ganando “absolutamente” y “no por la fuerza de sus argumentos”, sino porque tiene los votos que finalmente permitirán la aprobación del proyecto que está en tramitación o para impedir que una iniciativa de carácter más progresista pueda ser aprobada. A juicio de Navarrete en este tema, como en otros, la derecha “juega al chantaje” y, en ese contexto, los cambios producidos a la LOCE “no tocan lo fundamental de sus convicciones”. Por lo que para el experto lo que se ha hecho “es un avance insuficiente”.

Y aunque estima que “es malo criminalizar el lucro en sí mismo”, también tiene la convicción de que “la participación de privados en funciones públicas debe tener un nivel de fiscalización importante”. Porque en su opinión “puede haber una ganancia razonable” esta debe ir aparejada a la entrega de un buen servicio, particularmente cuando “se está asociado con el Estado”.