EX INTEGRANTES DEL CONSEJO ASESOR DE EDUCACION RECHAZAN LA LGE

Un grupo encabezado por el otrora presidente de la entidad, Juan Eduardo García Huidobro y el presidente del Consejo de Decanos, Abelardo Castro, consideran que la principal omisión de la iniciativa es la falta de reforzamiento de la educación pública. Y aunque apoyan la indicación incluida por el Ejecutivo al respecto, la consideran insuficiente.

Claudia Urquieta Chavarría, El Mostrador.cl

La bola de nieve que ha provocado el proyecto de la Ley General de Educación (LGE), ha ido cobrando cada vez más fuerza. Y ha sido transversal. A los movimientos estudiantiles y del profesorado se han sumado los propios parlamentarios de la Concertación, cuarenta de los cuales pidieron ayer retirar la urgencia a la iniciativa para poder discutirla ampliamente. Incluso, los “colorines” anunciaron su voto en contra para hoy en el Senado. Porque lo que ha quedado claro, es que la LGE tal como está -con indicaciones gubernamentales incluidas- es insuficiente, y no recoge a cabalidad las exigencias impulsadas por el movimiento pingüino en 2006. Por algo se han levantado nuevamente los escolares y esta vez coordinados con los establecimientos de educación superior, tanto de las universidades tradicionales como de algunos establecimientos privados.

También secundan esta mirada ex integrantes del propio Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, que aunque reconocen que en comparación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) hay avances, sienten que el salto aún deja mucho que desear. Sobre todo en lo relativo al fortalecimiento de la educación pública, tópico que ha sacado ronchas en la oposición, que lo rechaza argumentando que quitaría la libertad de los apoderados a la hora de elegir dónde estudiarán sus hijos. Por ello, ex consejeros como el rector de la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez, Sergio Torres o el asesor del Colegio de Profesores, Guillermo Scherping, consideran que un debate amplio en el parlamento es el camino a seguir. Ya que además, “el proyecto actual dista mucho del proceso de elaboración del Consejo y no reconoce el diagnóstico en orden a que lo que se ha deteriorado es la educación publica”, asegura Scherping.

La voz de Juan Eduardo García Huidobro, que presidió el consejo en 2006, ha sido una de las más emblemáticas al respecto, ya que considera que el bullado acuerdo entre la oposición y el oficialismo omitió y diluyó los cambios necesarios. Y que en definitiva “es absolutamente insuficiente para las demandas de los estudiantes”. Por ello, antes del debate iniciado por las indicaciones lideradas por el diputado Carlos Montes (PS) al proyecto y que se tradujeron en dos promovidas por el Ejecutivo, ya llamaba a incluir las omisiones del acuerdo. Dentro de éstas, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, destaca el derecho a que la educación de calidad no dependa de cada bolsillo, y que se impongan las obligaciones necesarias a la educación particular subvencionada para lograr una real integración social. Porque a su entender, el actual sistema y el que seguiría con la LGE, está lejos de garantizar la libertad de elección de la familia sobre la educación de sus hijos, tomando en cuenta que más de 40 por ciento de los establecimientos existentes son pagados. “Soy partidario de que esto se pueda discutir en el Parlamento y que le quiten la urgencia, porque aquí falta debate. Viera Gallo dijo que esto no es una academia, pero es el centro de la democracia. No puede ser que si se llegó a acuerdo y hay nuevos antecedentes no se tomen en cuenta”, argumenta García Huidobro.

Los decanos de Educación toman la palabra

Pero no es el único ex miembro del Consejo que considera insuficiente la LGE. El presidente del Consejo de Decanos de Educación de las Universidades Tradicionales, Abelardo Castro, asegura que la LGE regula el sector privado de la educación pero no fortalece la educación pública. En 2006 “me reuní con los pingüinos varias veces y lo que pedían era una educación pública de la misma calidad de la del colegio de al frente. Porque no se trata de estar en contra o a favor de la LGE, sino a favor de un sistema de educación que de libertad a la gente de selección real. Por eso hay que completarla, ya que debe reflejar el sentir de los chilenos”, explica el decano de la Universidad de Concepción. Y agrega que no se podrá dar una solución si la legislación en cuestión se orienta a resguardar el interés privado.

Su argumento, es que el actual sistema está construido sobre cuerpos legales muy distintos, que por una parte rige a la educación municipalizada sobre el principio del derecho público, que explicita lo que puede hacer y la sanciona cuando no cumple. Y por otro lado el sistema particular subvencionado, que recibe la misma cantidad de dinero por alumno que el municipalizado, y está construido sobre el derecho privado, donde “pueden hacer lo que quieran para subsistir y desarrollarse, menos lo que está prohibido”. Lo que se traduce en un sistema municipalizado desfavorecido, que a su vez aumenta la gran estratificación social delineada según el ingreso familiar. Por ello, asegura que junto con regular el sistema privado es necesario fortalecer el sistema público para hacerlos equivalente.

En este marco, el Consejo de Decanos propone poner el debate en un grado de mayor abstracción a través de un Congreso por el fortalecimiento de la educación pública, que se realizará entre el 25 y 27 de agosto en la Casa Central de la Universidad de Chile. Hasta el momento se han adherido García Huidobro, el director de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Patricio Donoso, la ex subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera, el director de docencia de la Universidad de Concepción, José Sánchez y el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, que presidirá el encuentro. “La idea es reunir a un grupo de académicos potentes, porque no se trata de un cuento que añora la educación pública existente, sino que convocamos a la gran educación que tuvimos para poder proyectarla al futuro”, explica Castro. También invitarán al Colegio de Profesores, y a actores que pueden tener distintas miradas, como la consejera del Instituto Libertad y Desarrollo, Patricia Matte, que también fue parte del Consejo.

Subvencionados gratuitos y sin selección

Ampliar el debate de la LGE en el Congreso también cuenta con el visto bueno del investigador del Centro de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela. El economista, que también participó en el Consejo Asesor, forma parte del equipo que a petición del Ministerio de Educación (Mineduc) está desarrollando un informe que colabore con elementos para fortalecer la educación pública, y que fue solicitado por la ministra Mónica Jiménez en mayo pasado. Valenzuela considera que las carencias del proyecto admiten el atraso de su aprobación. Sus críticas apuntan principalmente a que el sistema cada vez consolida más la educación subvencionada, en desmedro de la pública.

“Es histórica la provisión mixta en Chile, pero antes del cambio al sistema en 1981, no superaba el 15 por ciento el total de privados. En ese entonces en promedio el Estado aportaba la mitad de lo que se gastaba por niño en los establecimientos estatales. Pero luego se definió un aporte similar para los subvencionados. Y actualmente la educación subvencionada y privada supera a la educación pública”. Y recalca que lo que se necesita es un sistema de educación pública con aportes y colaboración de las entidades privadas, pero “supeditadas a requisitos que no están en la LGE, que es la gratuidad y la no selección: las características que tienen los países desarrollados”.