EL RECHAZO DE LA DERECHA A LA EDUCACION PUBLICA.

Tras la apuesta del Ejecutivo por agregar dos indicaciones a la LGE, la batalla en el Parlamento tomó un nuevo cariz. Mientras la indicación que establece exigencias a los sostenedores ya fue consensuada entre la Concertación y la Alianza, la que versa sobre la educación pública aparece como la piedra de tope para la oposición. Expresada en tres grupos distintos –desde los más progresistas hasta los más ortodoxos–, la derecha adelanta por qué rechazará la iniciativa.

La Nación Domingo.

Pública es la palabra que genera comezón en la derecha a la hora de hablar de educación. Pública también es la disputa librada entre la Alianza y parte de la Concertación en torno a la Ley General de Educación (LGE), iniciativa legal que busca reemplazar a la actual LOCE. Tras las ácidas críticas de parlamentarios oficialistas lideradas por el diputado socialista Carlos Montes , el Gobierno optó el pasado martes por quitar la suma urgencia al proyecto de ley. Ese día, tras intensas negociaciones dirigidas por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, el Ejecutivo consiguió que los diputados díscolos de la Concertación retiraran las 157 indicaciones que habían hecho al proyecto. Sólo dos de ellas fueron presentadas ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por la ministra de Educación, Mónica Jiménez.

La primera acorta el plazo de cuatro años a uno para que los sostenedores de colegios cumplan ciertos requisitos legales, como tener personalidad jurídica y cuenta única. La segunda busca fortalecer la enseñanza estatal. "Es deber del Estado garantizar la existencia de un sistema de educación pública gratuita y de calidad, fundado en un proyecto educativo nacional, laico y pluralista, que promueva la equidad y la integración social", versa el artículo 4º propuesto por el Gobierno para ser agregado al actual proyecto de LGE. Si bien la primera indicación fue aprobada en la Comisión de Hacienda por todos los sectores, la segunda causó escozor entre parlamentarios de la Alianza, quienes la rechazaron de plano. Pese a ello y como en la comisión hay mayoría concertacionista , la LGE y sus nuevas indicaciones serán discutidas en la cámara baja durante las próximas semanas.

Las disputas electorales en que se ha visto envuelto el oficialismo en las últimas semanas serían un buen escenario para la derecha. En los pasillos del Congreso los comentarios apuntan a que la oposición buscaría aprovechar el momento para impugnar al Gobierno por ser incapaz de ordenar a sus parlamentarios.

Al interior de la Alianza ya se han formado tres bandos. Los primeros, más liberales, conocen las deficiencias del proyecto y en privado asumen que se podría mejorar con nuevas indicaciones, pero no encuentran apoyo en su sector. Aquí se encuentran diputados RN como Germán Becker y Karla Rubilar. El segundo sector, de operadores políticos, también reconoce las bondades de discutir y mejorar la iniciativa; sin embargo, su olfato les dice que no es bueno hacerlo, pues es necesario aprovechar esta diferencia al interior de la Concertación para que el Gobierno pague el costo. Aquí se cuentan diputados y senadores RN, liderados por Andrés Allamand. Por último, están los más ortodoxos, duros e ideológicos, que se oponen tenazmente a aprobar la segunda indicación para evitar cualquier fortalecimiento de la enseñanza estatal. Entre ellos se encuentran los diputados UDI José Antonio Kast quien impulsó el requerimiento de la derecha contra la píldora del día después y Marcela Cubillos.

Más allá de las diferencias internas, todos los diputados de la Alianza aseguran que rechazarán la indicación referida a la educación pública cuando la LGE se discuta en sala. Aquí un adelanto de la batería de argumentos que se esgrimirán cuando el proyecto se debata en la cámara baja en las próximas semanas. LND