SOLO UN SISTEMA PUBLICO FUERTE Y DE CALIDAD GARANTIZA DERECHO A LA EDUCACIÓN

"Todo lo que conocemos sobre educación a nivel internacional indica que es imprescindible un sistema público fuerte y de calidad para garantizar el derecho a la educación acordado en los pactos internacionales. En todos los países, la mayor parte de la educación obligatoria es pública", afirma Jesús Redondo, director general del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), surgido del trabajo conjunto entre las escuelas de Psicología y Educación de esa casa de estudios y el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE).

La Nación.cl

Redondo precisa que en los últimos años se ha introducido un nuevo derecho, la libertad de enseñanza, pero sólo en Chile, éste se superpone al derecho a la educación. "Los padres no pueden elegir porque no hay un sistema público de calidad", sostiene.

"Uno esperaría que eso que está en la Constitución y en la LOCE cambiará en la nueva ley, pro no cambia. En la nueva LGE no cambia la prelación de derechos y sigue dejando la libertad de enseñanza y la libertad de empresa por encima del derecho a la educación. Y, mientras esto se mantenga, se va a seguir produciendo la misma distorsión que conocemos", señala.

Redondo critica que la actual normativa siga permitiendo la igualdad de financimiento de educación pública y privada, incluso cuando declaran fines de lucro. "No se trata de prohibir que se pueda crear una escuela con fines de lucro, pero no es lógico que esté financiada al mismo nivel que un colegio público", acota.

El académico coincide con la ministra Jiménez al calificar como "un mínimo" las dos indicaciones que suscribió ayer el Ejecutivo, una de las cuales fue rechazada por la derecha. "Ese sería el mínimo que permitiría después, a través de reglamentos, realizar una administración de lo público distinto a lo actual", afirma.

Redondo dice que el modelo chileno, a nivel internacional, es conocido como "gestión educativa con mando a distancia", modelo neoliberal que se caracteriza por dejar en manos de los alcaldes las capacidades para gestionar la educación, en tanto la gestión pedagógica está en manos de los seremis. "Y el caso más trágico es Chile, lo dijo el Banco Mundial en un informe del año pasado que constata que el Estado chileno no tiene atribuciones ni tiene control real sobre el sistema educativo".