LA LGE Y LA CRISIS DEL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO

Que se vayan todos

El cartel con esa frase, que portaban los estudiantes durante su marcha contra la LGE el miércoles pasado, trasunta la idea que para ellos la elite política solo está poniendo otro ladrillo en el muro de la injusticia. Que al igual que en la canción de Pink Floyd, sólo contribuirá a aislar más a los jóvenes en una sociedad consumida por el afán de lucro y la falta de valores cívicos.

Santiago Escobar Sepúlveda, El Mostrador.cl

El debate sobre la aprobación de La Ley General de Educación se ha transformado en un conflicto generacional. Mientras para el sistema político es un problema de acuerdos y negociaciones en torno a la viabilidad de una política pública, para los estudiantes es una definición de vida, en torno a un derecho humano y un bien público inalienable. El cartel con la frase “que se vayan todos” que portaban durante su marcha contra la LGE el miércoles pasado, trasunta la idea que para ellos la elite política solo está poniendo otro ladrillo en el muro de la injusticia. Que al igual que en la canción de Pink Floyd, sólo contribuirá a aislar más a los jóvenes en una sociedad consumida por el afán de lucro y la falta de valores cívicos.

Es necesario poner atención a esta perspectiva, porque la ley en tramitación no soluciona ninguno de los problemas de fondo que se manifiestan en el actual escenario. Por el contrario, agrega algunos. Y porque la reacción en contra se incrementa. La indicación consensuada entre gobierno y oposición que permitió contar con los votos de la derecha, da por válidas las limitaciones del Estado en materia educacional, y genera, además, la idea de que en Chile existen dos países. Sostener que “es deber del Estado que los establecimientos educacionales pertenecientes o dirigidos por sus órganos se organicen y funcionen conforme al carácter público de tales instituciones” es un puntapié en la cara a la educación pública, e incluso, a la responsabilidad del Estado subsidiario como el que existe en el país. Equivale a decir, hagan lo que quieran con la educación municipal, pero la mía, la privada, no me la tocan. Ni tampoco las subvenciones, las prebendas y los negocios.

Esta idea de la derecha de que la LGE es un debate sobre propiedad y no sobre un derecho es el que violenta el sentido de los jóvenes y que transforma el tema en un problema generacional. Que todavía se expresa como una disconformidad difusa respecto de todo el sistema, pero que tiene una radicalidad de fondo que está comenzando a emerger y es difícil de satisfacer. Al menos como está tratando de hacerlo la clase política. Los conductores políticos del país, y los sectoriales y administrativos del sistema educacional, incluidos los profesores, dejaron que el sistema se corrompiera y cayera en el estado de anemia crónica actual. Es efectivo que hubo esfuerzos focalizados, y mucho dinero. Pero no hubo un proyecto educativo nacional, porque nadie creía en él ni se dio el tiempo para elaborarlo. Hubo movilizaciones de profesores, pero la mayor parte en torno a aspiraciones gremiales y muy lejos de los problemas del sistema. En los temas de control de la calidad docente, ellos muchas veces se opusieron a innovar.

Algo similar ocurrió con los parlamentarios y dirigentes políticos, incluidos los ministros de la cartera, que abrieron la llave del financiamiento compartido que consolidó el lucro y el descreme de la excelencia educacional pública. Es evidente que la responsabilidad mayor corresponde al Estado sin apellidos. En mayor medida al de la dictadura, que permitió que grupos privados se dedicaran a saquear el patrimonio material de todo el sistema, e inició una contrarreforma privatizadora que destrozó toda la calidad e igualdad instalada por la antigua república en el país. Rubricando todo con una Ley General dictada a días de entregar el poder.

Pero también tiene mucha responsabilidad el de la época de la Concertación, que ha hecho un mosaico de esfuerzos fragmentados donde sólo ha puesto dinero pero cero voluntad política e imaginación. Hoy hay otras necesidades y es una nueva época. Principalmente porque la crisis del sistema educativo tocó fondo y se manifiesta como un tema estructural que toca todos los niveles educacionales del país, los sistemas de investigación, ciencia y tecnología, la gestión, la formación inicial de los profesores, sus salarios, la calidad de la educación municipal, la malla curricular, y los enormes intereses económicos montados en torno a un derecho sustancial de las personas. Quienes pusieron el tema fueron los más perjudicados del sistema, mientras la clase política va, calculadora en mano, haciendo cuentas electorales.

Este tipo de crisis educacional no es solo un problema de Chile. Aunque mal de muchos consuelo de tontos, es necesario recordar que la falsa promesa de la educación como llave al futuro ha caído en descrédito en la sociedad del conocimiento, por igual en países ricos y pobres. Los violentos movimientos de protesta ocurridos en Europa hace unos meses atrás, especialmente en Francia, evidencian una nueva tonalidad en las crisis sociales. Los que protestan son jóvenes, educados, sin trabajo y violentamente asistémicos. Es decir no están ni ahí con la política.

Es comprensible. Porque incluso con una educación de buena calidad, todavía el futuro no está asegurado. Se requiere algo más, y eso es el capital social que en un Estado republicano y democrático entregan las políticas garantizadas como derechos a los ciudadanos más desprotegidos. Para generar una igualdad efectiva que empareje las ventajas de origen de los más ricos, obtenidas en colegios exclusivos y redes familiares y de negocios, que es lo que defiende la derecha, y lo que quedó plasmado en la indicación consensuada con el gobierno.