PROYECTO DE "REFORMA" EDUCACIONAL (LGE) EN PLENA CRISIS

La reforma educacional en la cuerda floja.

Masivas protestas estudiantiles, el paro de los profesores y el anuncio de la derecha de rechazar el proyecto si no se respeta el acuerdo original, están hundiendo a la Ley General de Educación (LGE). Pero se veía venir, sobre todo por la fragilidad de un acuerdo que dejó de lado puntos fundamentales de la revolución pingüina. Un hecho que revela la inestabilidad de los consensos políticos cupulares sobrepasados por las demandas ciudadanas.

Claudia Urquieta Chavarría

El largo periplo del proyecto de la Ley General de Educación (LGE), no está en su escenario más alentador. De hecho, este miércoles fue atacada por diversos flancos: movilizaciones estudiantiles, un paro nacional de profesores y el anuncio de la “baja” de la Alianza a respaldar el acuerdo en la Cámara de Diputados, si no se aprueba tal como está. Un triple torpedo contra la iniciativa. Pero este escenario no es casual. Y el tema de fondo, apunta a que el consenso al que se llegó en noviembre de 2007, y por el que se levantaron las manos unidas del oficialismo y la oposición, no contemplaba definiciones sustantivas, que sí estaban en la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial de Educación y en la agenda original de los pingüinos.

Así lo plantea el columnista y abogado Santiago Escobar, que sostiene que los puntos centrales que resultaron omitidos y que a la larga fueron los pilares de la revolución “pingüina” de 2006, se refieren al concepto de educación pública, el lucro y el papel regulador de la Superintendencia de Educación. A lo que se suma, según detalla Escobar, el hecho de que los actores políticos han estado jugando en contra de ese consenso. Y en gran parte a la “escasa o nula vocación institucional del ministerio de Educación para tener mayor pro actividad en fiscalización, o el hecho de que no se han aplicado las facultades legales que actualmente tiene para controlar la calidad de la educación. En suma, no ha tomado en sus manos el control más de fondo sobre la calidad”.

Además se está generado un nexo nuevo, pues los pingüinos “llevan la voz cantante en las movilizaciones estudiantiles y secundarias con los dirigentes universitarios. En 2006 ese nexo estaba fracturado, pero hoy existe. De hecho, muchos de los ex pingüinos están en las universidades, ámbitos en los que se ha producido una crisis total de la educación superior”, asegura el profesional. Por eso, concluye que el contexto general “es malo para el acuerdo: no satisfacía las demandas y en un ambiente complejo es natural que las cosas más simples se caigan”.

La Alianza ya se dio un “gustito”

Desde el punto de vista político, la derecha no dejará la oportunidad para pasar la cuenta a la Concertación por haber incluido indicaciones de última hora al acuerdo. Porque aunque finalmente se decidió incluir sólo dos de los más de 100 puntos propuestos en su mayoría por el diputado Carlos Montes (PS), el bloque aliancista no tiene intenciones de agachar el moño. Así las cosas, es posible que el reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), heredada del ex dictador Augusto Pinochet, continúe rigiendo el futuro estudiantil. Algo que podría tener negativas consecuencias para todo el espectro político.

En La Moneda saben que la cosa no se viene fácil De hecho, fuentes de Palacio aseguran que se está haciendo lo posible por “intentar salvar el acuerdo”. Por una parte, la sensación es que se avanzó bastante con las dos indicaciones del Gobierno -que apuntan a una definición más categórica de la educación pública y a disminuir de cuatro a un año el tiempo en que los sostenedores deben tener giro único-, en el sentido de que los partidos de la Concertación habrían quedado más tranquilos, logrando una tregua dentro de la agitadas relaciones al interior del oficialismo.

En el gobierno también existe la percepción de que “la reacción de Hernán Larraín es la de cobrar la cuenta a un Gobierno que se vio obligado a hacer indicaciones, pero eso no da para desahuciar el acuerdo. De hecho, el tema de la educación pública casi repite lo que dice la Constitución, en cuanto al derecho a la educación gratuita”, aseguran en La Moneda. Y consideran que si la oposición finalmente decide votar en contra, es muy difícil que cuenten con el piso para ello entre los poderes fácticos del sector. “Gente muy seria de la derecha que aportó realmente, como la Patricia Matte o expertos del Instituto Libertad y Desarrollo, creen en el acuerdo. Es la tentación más politiquera de algunos dirigentes que andan en otra y en verdad no les importa el tema. Y eso va abrir una brecha, no hay duda”. A lo que se sumaría el costo ante la opinión pública para la Alianza: “Se dieron el gustito al destituir a la ministra Provoste, lo que tuvo un altísimo costo. Pero darse el gusto de echar abajo la reforma educacional son palabras mayores”.

Sin costos políticos

Una visión muy distinta tiene precisamente uno de los técnicos educacionales más influyentes de la oposición, que asegura que “la parte técnica respaldará la postura de los parlamentarios de la Alianza”. Y adelanta que lo más probable es que la LGE se caiga. Porque según la percepción de su bloque no hay ambiente para la idea de un acuerdo. Sobre todo porque la indicación relativa a la educación pública “que parece inofensiva, en realidad se refiere al financiamiento de la misma. Y la interpretación de los abogados es que significa alterar el principio sobre el igual financiamiento para los establecimientos municipales y particulares subvencionados, acabando con el financiamiento compartido, lo que es el corazón de lo que la Alianza piensa que no debe cambiarse”.

En cuanto al costo político, el experto considera que no habrá tal, ya que “nadie lo defiende. En las calles están los estudiantes y profesores en contra. Entonces dicho costo es nulo, ya que la gran perdedora es la Presidenta”. Y asume que finalmente los estudiantes “se cansarán de protestar”.