Se agudizan movilizaciones estudiantiles

Miles de estudiantes universitarios y de secundaria en Chile marcharon por las calles de Santiago en contra de la posible aprobación de una proyecto de ley que, según estos, promueve la desigualdad educativa.

Los estudiantes dicen que la nueva ley los regresa a la época de Pinochet.

BBC Mundo.

Esta protesta se suma a otras manifestaciones realizadas este año en contra del proyecto de Ley General de Educación (LGE). El proyecto propone continuar con el sistema de subvención mixta tanto a instituciones del Estado como a las privadas y cediendo la administración de los colegios públicos a los municipios.

"Al sancionarse este modelo, en la práctica mantienen los ejes iguales de la antigua legislación del régimen de Pinochet, una política de mercado que en la práctica está condenando a la educación pública a desaparecer", dijo a BBC Mundo Jorge Pavez, ex presidente del Colegio Nacional de Profesores y actual encargado de Relaciones Internacionales del grupo.

"No hay una palabra sobre fortalecer la educación pública, que es lo que requiere el país. Más allá de los avances económicos, el país está aquejado por una muy fuerte e injusta distribución de la riqueza y del desarrollo que se expresa también en la educación", agregó el docente.

Se sigue consolidando la privatización chilena, consolidando una especie de apartheid educativo que fue el detonante del descontento estudiantil de hace dos años Jorge Pavez, Colegio Nacional de Profesores

En Chile hay un sistema de financiación compartida en el que el Estado le entrega los mismos recursos tanto a la educación municipalizada, que es pública, como al sector privado.

"Silencios"

"La ley no impide el lucro y lo que se reclama es una educación inclusiva, igualitaria y de calidad, cosa que no se ve en el proyecto que se tramita en el Parlamento", recalcó Pavez.

Por su parte, el ministerio de Educación afirma que la LGE ha generado un intenso debate que incluye muchas de las inquietudes de los estudiantes. La ministra de Educación, Mónica Jiménez, comunicó que éstas se están considerando y que la ley supone un fortalecimiento de la educación pública. Además la ministra hizo un llamado a normalizar las clases en el corto plazo y finalizar las movilizaciones estudiantiles en todo el país.

Los estudiantes se han tomado establecimientos en la capital y otras ciudades.

"No hay ninguna razón para estar movilizados. La LGE está en el parlamento, la LGE se va a sacar adelante, hay acuerdo de las bancadas para que se apruebe con las dos indicaciones y, por lo tanto, confíen en su Parlamento y en el Gobierno", dijo la ministra en declaraciones a la prensa. Pero aunque Jorge Pavez reconoce que hay algunos avances con respecto a la anterior ley, hay carencias. Lo que él llama los "silencios" de la ley.

Sin embargo, para el portavoz del gremio docente "claramente hay un privilegio absoluto del sector privado. Se sigue consolidando la privatización chilena, consolidando una especie de apartheid educativo que fue el detonante del descontento estudiantil de hace dos años".

Pavez también señala que la ministra se opone al diálogo y que en el Parlamento se ha llegado a un acuerdo político hace unos meses para aprobar con rapidez el cambio de la antigua estructura educacional.

No hay ninguna razón para estar movilizados. La LGE está en el parlamento, la LGE se va a sacar adelante, hay acuerdo de las bancadas para que se apruebe con las dos indicaciones y, por lo tanto, confíen en su Parlamento y en el Gobierno Mónica Jiménez, ministra de Educación

En todo caso, el Ministerio de Eduación envió una carta el pasado 6 de junio a los presidentes de las Federaciones de Estudiantes Universitarias invitándolos al diálogo, pero hasta el momento, según ese despacho, ninguna federación expresó su voluntad de sentarse a conversar. Todo esto mientras la presidenta Michelle Bachelet se encuentra fuera del país. Algunos confían que, con la llegada de la mandataria, se llegue a algún tipo de entendimiento.

Jorge Pavez confirmó a la BBC que el gremio docente ha convocado a una paralización para el próximo lunes exigiendo al gobierno el retiro del actual proyecto de ley.