El Mostrador.cl
Esta semana la política volvió de manera aparente a los temas sectoriales. Transantiago, Educación, Salud y Codelco fueron o se insinuaron como los focos de la agenda. Pero cada uno de ellos tiene un ancla sustantiva en la agenda política nacional que no podrá ser eludida en los próximos días. Porque finalmente acabamos de entrar a un período electoral continuo que termina con la elección presidencial del 2009, y que requiere definiciones sustantivas que debieran empezar con el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo. La elección interna del Partido Socialista y las fuertes declaraciones de Pablo Longueira en torno a la estrategia política de la Alianza cerraron el ciclo de espera. De ahora en adelante todo es juego electoral.
En tal escenario, la agenda modernizadora del ministro del Interior y su acento en la externalización de funciones suena vacía. Los requerimientos son más específicos y de fondo que lo declarado hasta ahora por Edmundo Pérez Yoma. El gobierno de Michelle Bachelet sigue siendo enfático en su sello social protector, lo que sin duda debiera ser reafirmado en su próximo Mensaje ante el Congreso Nacional. Con tal énfasis, el problema no es cuantitativo sino cualitativo, en torno a las políticas modernizadoras, y es posible que muchas voces se alcen para pedir más Estado en algunas áreas.
El Transantiago
Uno de los temas donde tal disyuntiva se empieza a mostrar claramente es en el Transantiago y la propuesta de ley en torno a un subsidio permanente para el sistema, que ascendería a unos trescientos cincuenta millones de dólares anuales en la región Metropolitana y una cifra similar en las regiones como compensación. La crítica se concentra no en el subsidio en sí, pues existe consenso en que en ninguna parte del mundo el transporte funciona bien sin un subsidio estatal. Lo que se objeta es que ello implique un pago al lucro del sector empresarial privado que gestiona el servicio. El Senador demócrata cristiano Eduardo Frei ha sido el más enfático en declarar que no le parece que se deba pagar para que siga operando una situación de mercado ficticia. Si la tarifa no financia el sistema y tampoco se puede subir, derechamente hay que tener un prestador público, y evitarse pagar para que también los empresarios ganen.
El Transantiago, pese a los avances experimentados durante la gestión del Ministro René Cortázar, sigue funcionando bajo un esquema precario, y está aún lejos de normalizarse. Uno de los problemas centrales que se supone mejoraría su implantación era la empresarización de los operadores del servicio, cuyo exceso de propietarios individuales dificultaba una mejor calidad de transporte. En estricto rigor el Transantiago debía profundizar la externalización, con mecanismos de mercado. El plan falló, y en la agenda modernizadora vuelve a sonar fuerte la posibilidad de que sea el Estado quien nuevamente tome el servicio o parte de él.
Educación
El Ministerio de Educación vive horas difíciles para su agenda modernizadora para la calidad. Al descrédito en el desempeño de su función principal – justificado en muchos aspectos- se agregan horas de incertidumbre en su funcionamiento interno. No tanto por los cambios de autoridades, inevitables y necesarios la mayoría, sino por la indefinición programática que muestra, al menos hasta ahora, la nueva administración. Las declaraciones de la Ministra en torno a la urgencia de aprobar la Nueva Ley de Educación para reemplazar la LOCE resulta algo obvio. Lo extraño sería que no lo hiciera dada la importancia del tema.
Las críticas se orientan más bien a la falta de programas inmediatos que enmienden el rumbo de gestión; y al hecho de que parte importante de los nombramientos han situado en puestos clave a personas vinculadas a los sostenedores privados y a la Iglesia Católica. Al primer aspecto se refirió expresamente la Presidenta Bachelet durante su gira por el sur, al señalar que la nueva ministra debe mostrar una gestión práctica inmediata en muchos temas, además de formar comisiones.
En cuanto a la renovada influencia de la Iglesia y los sostenedores privados en la gestión del Ministerio no hay muchas luces para opinar. Las indefiniciones en temas como la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, el papel de los municipios o la reforma de la Educación Superior, no permiten conclusiones claras. Incluso porque funcionarios importantes de la gestión cuestionada permanecen plenamente vigentes como Pedro Montt, Jefe de la Unidad de Desarrollo Curricular o María de la Luz Gutiérrez abogada de la Seremi Metropolitana en la época de Alejandro Traverso y ahora mano derecha de la recién nombrada fiscal del ministerio, Regina Clark.
Salud y Codelco
En el caso de salud la agenda modernizadora mezcla dos temas complejos. El primero es el viejo dilema de que en un sistema mixto –público y privado al mismo tiempo- ambos sectores deben absorber la cobertura de riesgos de manera aleatoria. Ello no ha ocurrido. Los pobres y los viejos, o sea aquellos con más riesgos, van al sector público. Ello se mezcla con un sector público de baja calidad tanto en materia laboral como de equipamiento. Esa es una mezcla explosiva difícilmente solucionable con más externalizaciones. Pero el problema es todavía más complejo si se considera que las garantías del Plan Auge no solo tienen respuestas prácticas deficientes sino, también, riesgos jurídicos de permanencia, al no ser garantías firmemente asentadas en un concepto constitucional de protección social. La Constitución de 1980 aún vigente no lo estipula así, y eso no ha cambiado.
La agitación laboral del sector se vincula no solo a problemas salariales o de condiciones de trabajo sino, también, a la crisis de un concepto de gerencia hospitalaria, que entraba la gestión innovativa y carece de responsabilidades específicas frente a los dueños. Algo similar ocurre con el conflicto de la subcontratación y Codelco. Porque independientemente de lo justo que resultan las demandas de los trabajadores en torno a la precariedad del mercado laboral nacional, en el caso específico de la minera estatal se mezcla esa demanda general con la específica de los subcontratados que debe absorber Codelco. El país carece de un concepto de gobierno corporativo público que permita diferenciar adecuadamente los requerimientos de buena administración con los de distribución de ganancias o pérdidas entre los propietarios, en este caso todos los chilenos.
Políticamente el ministro Osvaldo Andrade ganó porque prima el criterio protector del gobierno en materia laboral, pero técnicamente el tema sigue igual pues también existe un efectivo problema de costos y productividad, y no solo un dato coyuntural como es el precio y las ganancias. ¿Aquí es más Estado o más mercado?
Esperando el 21
Lo que la Presidenta Michelle Bachelet diga el 21 de Mayo será importante para marcar la agenda del año y medio que le queda de gobierno. Un análisis frío de los hechos políticos indica que debería perfilarse por la agenda de la protección social, y orientarse a consolidar ese sello, como legado electoral a un eventual sucesor de su mismo sector. La nota un tanto discordante es la del jefe del gabinete, el ministro Edmundo Pérez Yoma, quien aparece más bien desplazado hacia la derecha del escenario, en una gran sintonía con las agrupaciones gremiales empresariales, y un tanto distante del ethos protector que prima al interior del gobierno.
Con todo, la Presidente se enfila a un 21 de Mayo con una recuperada credibilidad ciudadana en las encuestas, y una coalición relativamente ordenada. En ella, el sostenedor principal es el Partido Socialista, quien aparece de hecho hoy día encabezando la Concertación. Su militancia acaba de dar un mensaje categórico de apoyo a la Presidenta al reelegir por abrumadora mayoría a Camilo Escalona, quien hizo de su respaldo al gobierno su caballo de batalla electoral.
Ayuda a este escenario la errática composición de estrategia política de la oposición después de su triunfo en sacar a Yasna Provoste. Las declaraciones del senador Pablo Longueira criticando las políticas de la Alianza y las disputas de sus miembros por corrupción en municipios emblemáticos han enturbiado la estrategia de cargar sobre la incompetencia y corrupción del gobierno. A ello se agrega el fracaso de las primarias en Vitacura, encontrar un candidato a alcalde en Santiago, y la aspiración de Lavín de ir al Senado, que los pone forzadamente en los comicios de fines del 2009, agregan viento de cola al próximo Mensaje Presidencial.
En tal escenario, la agenda modernizadora del ministro del Interior y su acento en la externalización de funciones suena vacía. Los requerimientos son más específicos y de fondo que lo declarado hasta ahora por Edmundo Pérez Yoma. El gobierno de Michelle Bachelet sigue siendo enfático en su sello social protector, lo que sin duda debiera ser reafirmado en su próximo Mensaje ante el Congreso Nacional. Con tal énfasis, el problema no es cuantitativo sino cualitativo, en torno a las políticas modernizadoras, y es posible que muchas voces se alcen para pedir más Estado en algunas áreas.
El Transantiago
Uno de los temas donde tal disyuntiva se empieza a mostrar claramente es en el Transantiago y la propuesta de ley en torno a un subsidio permanente para el sistema, que ascendería a unos trescientos cincuenta millones de dólares anuales en la región Metropolitana y una cifra similar en las regiones como compensación. La crítica se concentra no en el subsidio en sí, pues existe consenso en que en ninguna parte del mundo el transporte funciona bien sin un subsidio estatal. Lo que se objeta es que ello implique un pago al lucro del sector empresarial privado que gestiona el servicio. El Senador demócrata cristiano Eduardo Frei ha sido el más enfático en declarar que no le parece que se deba pagar para que siga operando una situación de mercado ficticia. Si la tarifa no financia el sistema y tampoco se puede subir, derechamente hay que tener un prestador público, y evitarse pagar para que también los empresarios ganen.
El Transantiago, pese a los avances experimentados durante la gestión del Ministro René Cortázar, sigue funcionando bajo un esquema precario, y está aún lejos de normalizarse. Uno de los problemas centrales que se supone mejoraría su implantación era la empresarización de los operadores del servicio, cuyo exceso de propietarios individuales dificultaba una mejor calidad de transporte. En estricto rigor el Transantiago debía profundizar la externalización, con mecanismos de mercado. El plan falló, y en la agenda modernizadora vuelve a sonar fuerte la posibilidad de que sea el Estado quien nuevamente tome el servicio o parte de él.
Educación
El Ministerio de Educación vive horas difíciles para su agenda modernizadora para la calidad. Al descrédito en el desempeño de su función principal – justificado en muchos aspectos- se agregan horas de incertidumbre en su funcionamiento interno. No tanto por los cambios de autoridades, inevitables y necesarios la mayoría, sino por la indefinición programática que muestra, al menos hasta ahora, la nueva administración. Las declaraciones de la Ministra en torno a la urgencia de aprobar la Nueva Ley de Educación para reemplazar la LOCE resulta algo obvio. Lo extraño sería que no lo hiciera dada la importancia del tema.
Las críticas se orientan más bien a la falta de programas inmediatos que enmienden el rumbo de gestión; y al hecho de que parte importante de los nombramientos han situado en puestos clave a personas vinculadas a los sostenedores privados y a la Iglesia Católica. Al primer aspecto se refirió expresamente la Presidenta Bachelet durante su gira por el sur, al señalar que la nueva ministra debe mostrar una gestión práctica inmediata en muchos temas, además de formar comisiones.
En cuanto a la renovada influencia de la Iglesia y los sostenedores privados en la gestión del Ministerio no hay muchas luces para opinar. Las indefiniciones en temas como la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, el papel de los municipios o la reforma de la Educación Superior, no permiten conclusiones claras. Incluso porque funcionarios importantes de la gestión cuestionada permanecen plenamente vigentes como Pedro Montt, Jefe de la Unidad de Desarrollo Curricular o María de la Luz Gutiérrez abogada de la Seremi Metropolitana en la época de Alejandro Traverso y ahora mano derecha de la recién nombrada fiscal del ministerio, Regina Clark.
Salud y Codelco
En el caso de salud la agenda modernizadora mezcla dos temas complejos. El primero es el viejo dilema de que en un sistema mixto –público y privado al mismo tiempo- ambos sectores deben absorber la cobertura de riesgos de manera aleatoria. Ello no ha ocurrido. Los pobres y los viejos, o sea aquellos con más riesgos, van al sector público. Ello se mezcla con un sector público de baja calidad tanto en materia laboral como de equipamiento. Esa es una mezcla explosiva difícilmente solucionable con más externalizaciones. Pero el problema es todavía más complejo si se considera que las garantías del Plan Auge no solo tienen respuestas prácticas deficientes sino, también, riesgos jurídicos de permanencia, al no ser garantías firmemente asentadas en un concepto constitucional de protección social. La Constitución de 1980 aún vigente no lo estipula así, y eso no ha cambiado.
La agitación laboral del sector se vincula no solo a problemas salariales o de condiciones de trabajo sino, también, a la crisis de un concepto de gerencia hospitalaria, que entraba la gestión innovativa y carece de responsabilidades específicas frente a los dueños. Algo similar ocurre con el conflicto de la subcontratación y Codelco. Porque independientemente de lo justo que resultan las demandas de los trabajadores en torno a la precariedad del mercado laboral nacional, en el caso específico de la minera estatal se mezcla esa demanda general con la específica de los subcontratados que debe absorber Codelco. El país carece de un concepto de gobierno corporativo público que permita diferenciar adecuadamente los requerimientos de buena administración con los de distribución de ganancias o pérdidas entre los propietarios, en este caso todos los chilenos.
Políticamente el ministro Osvaldo Andrade ganó porque prima el criterio protector del gobierno en materia laboral, pero técnicamente el tema sigue igual pues también existe un efectivo problema de costos y productividad, y no solo un dato coyuntural como es el precio y las ganancias. ¿Aquí es más Estado o más mercado?
Esperando el 21
Lo que la Presidenta Michelle Bachelet diga el 21 de Mayo será importante para marcar la agenda del año y medio que le queda de gobierno. Un análisis frío de los hechos políticos indica que debería perfilarse por la agenda de la protección social, y orientarse a consolidar ese sello, como legado electoral a un eventual sucesor de su mismo sector. La nota un tanto discordante es la del jefe del gabinete, el ministro Edmundo Pérez Yoma, quien aparece más bien desplazado hacia la derecha del escenario, en una gran sintonía con las agrupaciones gremiales empresariales, y un tanto distante del ethos protector que prima al interior del gobierno.
Con todo, la Presidente se enfila a un 21 de Mayo con una recuperada credibilidad ciudadana en las encuestas, y una coalición relativamente ordenada. En ella, el sostenedor principal es el Partido Socialista, quien aparece de hecho hoy día encabezando la Concertación. Su militancia acaba de dar un mensaje categórico de apoyo a la Presidenta al reelegir por abrumadora mayoría a Camilo Escalona, quien hizo de su respaldo al gobierno su caballo de batalla electoral.
Ayuda a este escenario la errática composición de estrategia política de la oposición después de su triunfo en sacar a Yasna Provoste. Las declaraciones del senador Pablo Longueira criticando las políticas de la Alianza y las disputas de sus miembros por corrupción en municipios emblemáticos han enturbiado la estrategia de cargar sobre la incompetencia y corrupción del gobierno. A ello se agrega el fracaso de las primarias en Vitacura, encontrar un candidato a alcalde en Santiago, y la aspiración de Lavín de ir al Senado, que los pone forzadamente en los comicios de fines del 2009, agregan viento de cola al próximo Mensaje Presidencial.
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