Faltan pocas horas para el plebiscito autonomista de Santa Cruz de la Sierra. Al teléfono desde el Palacio Quemado en La Paz contesta Juan Ramón Quintana, secretario general de la Presidencia. De sus palabras se desprende que Bolivia vive una instancia peligrosa. Mientras los campesinos siguen llegando a Santa Cruz, él culpa a la oposición por los “desmanes, desbordes y provocaciones que pudieran ocurrir”. Pieza clave en el gabinete de Evo Morales, dice que apuesta a la legalidad, al apoyo internacional, al diálogo político, y a su programa de reformas económicas redistributivas. Reconoce que hoy le toca festejar a la derecha, pero advierte que la fiesta le puede salir cara. Porque para hacerla rompió con el orden institucional. Y en política, a la larga o a la corta, eso se paga. Porque todo vuelve. Como un bumerán.
¿Hay alguna relación entre el plebiscito de Santa Cruz y la decisión del gobierno esta semana de nacionalizar tres empresas petroleras y una de telecomunicaciones?
“No hay ninguna relación. No compartimos la opinión de la oposición, que dice que actuamos en un momento de crisis, para salir del callejón. Es una decisión que venía siendo elaborada en los últimos meses. La recuperación de las acciones de las empresas privatizadas es la continuidad, la profundización de nuestra política de nacionalización de los hidrocarburos. El decreto del 2006 nos daba un tiempo límite hasta el 30 de abril para cerrar la compra de acciones y tomar el control de las empresas. Lo que hemos hecho es cumplir con ese mandato. El caso de Entel va por el mismo carril: la recuperación de empresas entregadas a socios extranjeros bajo condiciones leoninas. Por lo tanto, como gobierno estamos cumpliendo nuestros compromisos electorales.”
¿Qué va a pasar el día después del plebiscito?
“Desde la perspectiva del gobierno, la consulta popular de Santa Cruz no tiene ningún efecto jurídico ni tampoco un estatuto de vinculación institucional con nada. No tiene raíz constitucional ni paraguas constitucional. Por lo tanto este ejercicio, al que muchos ciudadanos asistirán, es una consulta que forma parte de una estrategia política para tratar de lograr un equilibrio de fuerzas entre el gobierno nacional y las cuatro regiones del oriente del país. Es una maniobra bastante burda que busca explotar la emotividad y la legitimidad que tienen las autonomías en las distintas regiones del país, colocando por encima de la unidad nacional los intereses políticos mezquinos de una clase política derrotada en 2005 que vivió usufructuando bienes públicos durante más de dos décadas, repartiéndose el poder político y trabajando en complicidad con las empresas extranjeras para saquear los recursos naturales del país. Después de ser derrotados, se replegaron a las regiones y desde ahí tratan de replicar la misma estrategia de uso y abuso de poder apelando al discurso de las autonomías como solución ilusoria para los problemas de los ciudadanos.”
¿Entonces qué va a pasar el lunes?
“El lunes, si bien podrá ganar el sí, lo cierto es que con esos votos el Comite Cívico o la Prefectura podrán incrementar la legitimidad de las autonomías, pero el día después, cuando concluya la euforia electoral, la gente se dará cuenta de que esa carga emotiva no tendrá ningún resultado práctico. No podrán aplicar el estatuto autonómico y sufrirán la condena pública del resto del país y de la comunidad internacional y es muy posible que el capital político que obtengan el 4 de mayo se les vuelva en contra como un bumerán. Nosotros creemos que a medida que pase el tiempo la realidad será muchísimo más contundente que todo el arsenal argumentativo que se utilizó para este gran montaje emocional, y el incumplimiento de traducir las elecciones en resultados prácticos tendrá un efecto perverso para quienes promovieron la consulta. En este escenario el gobierno mantiene su posición de dialogar, de resolver vía acuerdo sostenible a largo plazo las demandas de los distintos sectores.”
¿El origen del conflicto es político o económico?
“Es que entre la política y la economía hay una línea muy delgada. Los autonomistas que promovieron el estatuto forman parte de las élites empresariales que intentaron jugar con la inflación en Bolivia. Por eso tuvimos que responder con una estrategia económica y tomamos la medida de suspender las exportaciones de aceite. En definitiva es una disputa por el poder, ese poder que los autonomistas ejercieron hasta el 2005 y que Evo Morales disolvió con su llegada al gobierno.”
¿A qué apuesta el gobierno con la decisión de respetar al tribunal electoral que le impide por ahora llevar adelante su propio plebiscito constitucional? ¿Por qué frenaron a los movimientos sociales que querían movilizarse a Santa Cruz?
“La única posibilidad de resolver a largo plazo un conflicto de orden político con vinculación económica en Bolivia es transitar el camino institucional. Es el camino necesario, pero no siempre la solución suficiente para resolver los problemas. Hay que construir un clima de estabilidad para encarar los problemas de fondo, que son la inequidad, la injusticia y la carencia de ciudadanía por exclusión o marginalidad. Acá se conquista la ciudadanía de abajo hacia arriba. Tenemos que cambiar la ecuación no institucional y recorrer el camino del pacto, del acuerdo, de la compatibilidad entre la capacidad redistributiva del Estado y las necesidades imperativas e impostergables de la sociedad. La única forma de resolver las asimetrías en Bolivia es construyendo una ecuación redistributiva. El de la ciudadanía multicultural es un camino difícil, preñado de obstáculos. Debemos enmendar la deuda social, política y económica acumulada hasta hoy y como gobierno estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad en paz.”
¿Entonces no va a haber violencia el domingo?
“El gobierno tiene la responsabilidad de preservar el orden público. Los desmanes, provocaciones y desbordes que puedan ocurrir son responsabilidad de quienes promovieron este ejercicio de ilegalidad. Toda ilegalidad contiene el signo de la violencia. Hemos llamado públicamente a que los campesinos, los movimientos sociales, mantengan la calma y eviten marchar sobre Santa Cruz. También los hemos invitado a organizar grandes concentraciones de protesta en las capitales de las prefecturas, para expresar su repudio a este acto ilegal que amenaza la integridad territorial y en definitiva se convierte en un golpe constitucional. Pero exceptuamos de esta convocatoria a Santa Cruz, para no seguir el camino de la provocación como quisieran muchos.”
¿Algo más?
“Al convocar este referéndum sin marco jurídico, en el fondo lo que se busca es minar la legitimidad del gobierno. Al actuar por encima del orden constitucional, el objetivo final es derrocar al gobierno. Para eso cuentan con el apoyo constante de los empresarios de algunos medios de comunicación, que le han hecho el juego a este simulacro autonomista, y por supuesto cuentan con apoyo y financiamiento de agencias internacionales que abonan este camino conspirativo. No les interesa el país, ni las autonomías como un régimen de redistribución democrática del poder. Lo que les interesa es el camino expedito para seguir viviendo de manera fácil, sin obstáculos, porque además están acostumbrados a vivir del Estado.”
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