Perteneciente al ala más conservadora y “privatizadora” de la DC en el tema educacional, se reconoce que ‘’le falta juego de piernas político’’ para el muñequeo parlamentario que viene. Y es que luego de las cien indicaciones que respaldan el PS, el PRSD y un sector del PPD, en la falange no están dispuestos a bancarse solos las consecuencias de apoyar un proyecto impopular, resistido en las aulas, la calle y las encuestas. Por Claudia Urquieta y Miguel Paz, El Mostrador.cl
La ex rectora de la Universidad Católica de Temuco, que juró como ministra de Educación apoyada en un bastón debido a una operación en una de sus rodillas, sufrió el martes pasado un fuerte tropezón cuando el diputado socialista Carlos Montes –uno de los que dio su apoyo al acuerdo emanado del Consejo Asesor Presidencial de Educación– presentó cien indicaciones al proyecto de Ley General de Educación (LGE), que reemplazaría a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce).
La molestia de Jiménez con Montes y diputados del PS, el PPD y el PRSD se hizo notar. Su argumento es no se estaban honrando los acuerdos, pese a que ya el 25 de abril había tenido un indicio de lo que podría ocurrir en la Cámara Baja. Ese viernes Montes se reunió con ella para expresarle su preocupación por el proyecto que sería enviado al Parlamento. Acompañado del senador Jaime Gazmuri y la diputada Isabel Allende, le advirtió a la ministra que se tomarían su tiempo para analizar la iniciativa que ahora tiene enfrentadas a las bancadas del oficialismo. Y están muy lejos de ponerse de acuerdo. En el caso del PPD, su presidente, Pepe Auth, explica que esta semana convino con su bancada votar favorablemente el proyecto en la comisión de Hacienda que preside el miembro de esa tienda Eugenio Tuma, pero su correligionario Tucapel Jiménez lo desmiente: “Por lo menos aquí habemos dos diputados, René Alinco y yo, que no estamos de acuerdo. Y en el partido lo saben porque lo dijimos hace meses”.
En el PPD al igual que en la DC están conscientes de que surgirán voces exigiendo que se tomen en cuenta las indicaciones propuestas por Montes. Según un integrante del grupo de los “díscolos”, el escenario que espera a sus colegas en la comisión el próximo 3 de junio, será duro. Montes sería apoyado por los socialistas Marco Enríquez-Ominami y Sergio Aguiló, los PPD Guido Girardi padre, el independiente Álvaro Escobar y los mencionados Jiménez y Alinco. Todos interesados en que al menos quede “testimonio para la historia y que los pingüinos no nos quemen en la plaza pública”, ya que están conscientes de que el proyecto debería aprobarse. Sin embargo, otros parlamentarios oficialistas señalaron no estar seguros que la propuesta tenga luz verde, algo que podría afectar los planes del gobierno que aspira a cerrar su mandato con la LGE funcionando. En la DC no están dispuestos a que los socialistas y radicales presenten una postura testimonial y “quemen las naves por sus principios”, mientras ellos pagan los costos ante la ciudadanía de votar un proyecto que los estudiantes rechazan.
En todo caso si el gobierno pone algunas cosas sobre la mesa, "como un plan masivo de inversión en educación pública la cosa puede cambiar", advierte un diputado socialista.
Escuela DC
En este escenario queda claro que la alineación alcanzada entre los miembros de las colectividades gubernamentales en noviembre de 2007 se quebró. Y se ha transformado más bien en una bolsa de gatos, donde la única que aún da un espaldarazo total a la propuesta es la DC. Pero tampoco es todo miel sobre hojuelas en la tienda falangista. Basta recordar que a pesar de que en su congreso ideológico de octubre de 2007, rechazó unánimemente el lucro en la educación, finalmente cedió a la postura aliancista junto a los demás partidos de la Concertación.
Lo que fracturó bastante las relaciones internas y marcó una gran diferencia entre quienes intentaron revelarse y los que no. Pero, al igual que en estos días, dentro de la colectividad primaron los criterios del ala más conservadora y “privatizadora”, tendencia que está en la línea de Jiménez. Así quedó demostrado tras el impasse de la titular de educación en la sala de sesiones de la Cámara, cuando Soledad Alvear recordó el acuerdo para sacar adelante la LGE y advirtió que la “DC honra sus compromisos”.
Reconocida como una profesional de alto perfil técnico, Mónica Jiménez posee amplias redes en el establishment educacional vinculado a la DC y pese a que no milita en ese partido es casi miembro honorario. Su cercanía con Mariana Aylwin y Edmundo Pérez Yoma la ha blindado al interior del falangismo, donde reconocen que “le falta juego de piernas” para manejarse en el ring político. Aún así, ha sido el titular de la Secretaría general de Gobierno, José Antonio Viera-Gallo, quien la está apoyando en el proceso legislativo de la LGE. Desde que arribó a la cartera de Educación, Jiménez ha llevado a cabo una completa reingeniería sacando a personeros emblemáticos de la administración de la destituida Yasna Provoste, como el director jurídico del ministerio, Rodrigo González, y los asesores políticos Freddy Huerta y Ricardo Halabí.
Además convocó a un grupo de doce expertos en educación, entre ellos Mariana Aylwin, para sacar adelante el cuestionado proyecto. Jiménez trabajó con la ex ministra de Educación en Aprender, corporación educacional vinculada a la DC que tiene dos colegios subvencionados en sectores populares de Santiago. Según uno de los expertos convocados para asesorar a la ministra, Jiménez “posee las redes y el vínculo con la elite que Yasna Provoste no tenía”. Pero “esto, que puede ser visto como un activo en el entendido de que entre pares se puede conversar y llegar a acuerdos, también puede significar un peligro para ella en el proyecto de ley en el Congreso”, asegura la misma fuente.
La ex rectora de la Universidad Católica de Temuco, que juró como ministra de Educación apoyada en un bastón debido a una operación en una de sus rodillas, sufrió el martes pasado un fuerte tropezón cuando el diputado socialista Carlos Montes –uno de los que dio su apoyo al acuerdo emanado del Consejo Asesor Presidencial de Educación– presentó cien indicaciones al proyecto de Ley General de Educación (LGE), que reemplazaría a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce).
La molestia de Jiménez con Montes y diputados del PS, el PPD y el PRSD se hizo notar. Su argumento es no se estaban honrando los acuerdos, pese a que ya el 25 de abril había tenido un indicio de lo que podría ocurrir en la Cámara Baja. Ese viernes Montes se reunió con ella para expresarle su preocupación por el proyecto que sería enviado al Parlamento. Acompañado del senador Jaime Gazmuri y la diputada Isabel Allende, le advirtió a la ministra que se tomarían su tiempo para analizar la iniciativa que ahora tiene enfrentadas a las bancadas del oficialismo. Y están muy lejos de ponerse de acuerdo. En el caso del PPD, su presidente, Pepe Auth, explica que esta semana convino con su bancada votar favorablemente el proyecto en la comisión de Hacienda que preside el miembro de esa tienda Eugenio Tuma, pero su correligionario Tucapel Jiménez lo desmiente: “Por lo menos aquí habemos dos diputados, René Alinco y yo, que no estamos de acuerdo. Y en el partido lo saben porque lo dijimos hace meses”.
En el PPD al igual que en la DC están conscientes de que surgirán voces exigiendo que se tomen en cuenta las indicaciones propuestas por Montes. Según un integrante del grupo de los “díscolos”, el escenario que espera a sus colegas en la comisión el próximo 3 de junio, será duro. Montes sería apoyado por los socialistas Marco Enríquez-Ominami y Sergio Aguiló, los PPD Guido Girardi padre, el independiente Álvaro Escobar y los mencionados Jiménez y Alinco. Todos interesados en que al menos quede “testimonio para la historia y que los pingüinos no nos quemen en la plaza pública”, ya que están conscientes de que el proyecto debería aprobarse. Sin embargo, otros parlamentarios oficialistas señalaron no estar seguros que la propuesta tenga luz verde, algo que podría afectar los planes del gobierno que aspira a cerrar su mandato con la LGE funcionando. En la DC no están dispuestos a que los socialistas y radicales presenten una postura testimonial y “quemen las naves por sus principios”, mientras ellos pagan los costos ante la ciudadanía de votar un proyecto que los estudiantes rechazan.
En todo caso si el gobierno pone algunas cosas sobre la mesa, "como un plan masivo de inversión en educación pública la cosa puede cambiar", advierte un diputado socialista.
Escuela DC
En este escenario queda claro que la alineación alcanzada entre los miembros de las colectividades gubernamentales en noviembre de 2007 se quebró. Y se ha transformado más bien en una bolsa de gatos, donde la única que aún da un espaldarazo total a la propuesta es la DC. Pero tampoco es todo miel sobre hojuelas en la tienda falangista. Basta recordar que a pesar de que en su congreso ideológico de octubre de 2007, rechazó unánimemente el lucro en la educación, finalmente cedió a la postura aliancista junto a los demás partidos de la Concertación.
Lo que fracturó bastante las relaciones internas y marcó una gran diferencia entre quienes intentaron revelarse y los que no. Pero, al igual que en estos días, dentro de la colectividad primaron los criterios del ala más conservadora y “privatizadora”, tendencia que está en la línea de Jiménez. Así quedó demostrado tras el impasse de la titular de educación en la sala de sesiones de la Cámara, cuando Soledad Alvear recordó el acuerdo para sacar adelante la LGE y advirtió que la “DC honra sus compromisos”.
Reconocida como una profesional de alto perfil técnico, Mónica Jiménez posee amplias redes en el establishment educacional vinculado a la DC y pese a que no milita en ese partido es casi miembro honorario. Su cercanía con Mariana Aylwin y Edmundo Pérez Yoma la ha blindado al interior del falangismo, donde reconocen que “le falta juego de piernas” para manejarse en el ring político. Aún así, ha sido el titular de la Secretaría general de Gobierno, José Antonio Viera-Gallo, quien la está apoyando en el proceso legislativo de la LGE. Desde que arribó a la cartera de Educación, Jiménez ha llevado a cabo una completa reingeniería sacando a personeros emblemáticos de la administración de la destituida Yasna Provoste, como el director jurídico del ministerio, Rodrigo González, y los asesores políticos Freddy Huerta y Ricardo Halabí.
Además convocó a un grupo de doce expertos en educación, entre ellos Mariana Aylwin, para sacar adelante el cuestionado proyecto. Jiménez trabajó con la ex ministra de Educación en Aprender, corporación educacional vinculada a la DC que tiene dos colegios subvencionados en sectores populares de Santiago. Según uno de los expertos convocados para asesorar a la ministra, Jiménez “posee las redes y el vínculo con la elite que Yasna Provoste no tenía”. Pero “esto, que puede ser visto como un activo en el entendido de que entre pares se puede conversar y llegar a acuerdos, también puede significar un peligro para ella en el proyecto de ley en el Congreso”, asegura la misma fuente.
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