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El estudio analizó los mecanismos de financiamiento de 24 países. En el caso chileno, el costo promedio de una carrera universitaria es de US$ 3.140 al año. Una cifra que -según la OECD- coloca a Chile en segunda categoría entre las naciones con mayor nivel de aranceles. La primera, sin duda, la ocupa solo Estados Unidos, con poco más de US$ 5 mil al año. En el rango chileno, la OECD también ubica a Australia, Canadá, Japón y Corea. En todos estos países, el costo de los aranceles fluctúa entre los US$ 3 mil y US$ 4 mil. En una tercera categoría se ubican los sistemas universitarios de Inglaterra e Israel, cuyos aranceles promedio van desde los US$ 2 mil a los US$ 3 mil. En la tercera, Italia, Nueva Zelanda y Holanda, con costos entre US$ 1.000 y US$ 2 mil. Más abajo están Austria, Bélgica, España, Francia, Turquía, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Polonia y Suecia, con menos de mil dólares al año. La medición fue hecha en dólares PPP -Poder Paridad de Compra- que reajusta los valores para hacerlos comparables.
GASTO FAMILIAR
Los costos del sistema universitario chileno, según este informe, están siendo asumidos en su mayor parte por las familias. Esto, porque Chile presenta también uno de los mayores niveles de privatización de la enseñanza superior, tanto a nivel de matrícula -el 75% de los alumnos estudia en una institución privada- como de fuentes de financiamiento. Según el estudio, el 85% del gasto que realizan las universidades en sus alumnos se financia con el aporte de los hogares.
La cifra, que a primera vista es impactante, tiene diversas explicaciones. Según José Joaquín Brunner, los costos de las universidades están en permanente alza. La presión por contratar cada vez más a profesores con jornada completa, tener mejor infraestructura y financiar carreras con costos distintos de manera interna (traspasando recursos hacia las que tienen menor demanda), así como la ineficiencia, expresada en las tasas de deserción, hace que las instituciones deban ajustar periódicamente sus valores y traspasarlos a los estudiantes en el costo anual de sus carreras. También cuentan razones de mercado, como la demanda por un área determinada y el factor prestigio que cada institución incorpora. Claro que el prestigio, por lo menos a nivel mundial, es esquivo para las universidades nacionales. Australia, por ejemplo, con un arancel promedio 700 dólares superior al chileno, tiene a ocho de sus universidades entre las 100 mejores del mundo, según el último ranking Times. Canadá (US$ 3.464) tiene a seis y Japón (US$ 3.920) a cuatro. E Inglaterra, cuyo arancel promedio es casi US$ 1.300 menor que el chileno, tiene a 19. El primer plantel chileno en aparecer en este listado, sin embargo, es la Universidad Católica que está en el puesto 239.
En opinión de Carolina Velasco, economista e investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, dado que estudiar una profesión tiene un retorno alto en remuneraciones comparado con quien sólo obtiene su enseñanza media, "es incluso ético que un estudiante se comprometa a pagar, aunque sea posteriormente, lo que costó su educación".
GASTO POR ALUMNO SE MANTIENE
Entre 1995 y 2004 el gasto total de Chile en educación creció desde un 1,5% del PIB a un 2%, según las cifras entregadas en el reporte de la Oecd. Pero, pese a este aumento en el ingreso de dinero al sistema, el gasto por alumno es relativamente bajo, sobre todo si se le compara con este mismo ítem en los países que se ubican en el mismo rango de aranceles promedio: US$ 7 mil PPP aproximadamente en el caso chilenos, frente con los US$ 15 mil PPP que invierte el sistema universitario australiano y los US$ 13 mil PPP que gasta Japón. Además, en Chile, el gasto por alumno se ha mantenido estable, en gran medida debido a que la matrícula ha crecido significativamente en el último tiempo, sobre todo entre los quintiles más bajos de ingreso.
Este es uno de los escenarios que más preocupa a los especialistas en el tema: Cómo financiar los estudios de quien no puede pagar, tomando en cuenta las características marcadamente privadas del sistema universitario nacional. Incluso, la discusión del Consejo Asesor Presidencia para la Educación Superior se preocupó especialmente de este punto. Allí se estableció que el estado debe apoyar a los alumnos vulnerables, independiente de la institución que elijan para segur estudios. Otra de las recomendaciones de la mesa asesora fue mejorar el mecanismo de financiamiento estatal a las universidades para avanzar hacia un sistema que entregue dinero en función de resultados en el desempeño, ya sea a través de convenios o de fondos concursables para apoyar a instituciones que se destaquen por su calidad.
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