13 de Marzo de 2008
Crisis de imagen pública
El portazo de los bancos a la Corporación Santo Tomás
Manejo comunicacional en manos de Cristina Bitar, una fuerte campaña publicitaria en TV y los intentos de alejar a Gerardo Rocha de la propiedad son parte de la estrategia para capear el temporal, luego de la alta exposición mediática de su “fundador”. Pero eso no bastó para que entidades bancarias restringieran las operaciones del grupo, el que además enfrenta denuncias de prácticas antisindicales en su peor momento.
Claudia Urquieta Chavarría
El homicidio del martillero Fernando Oliva, que terminó con el incendio que tiene al empresario Gerardo Rocha en riesgo vital en la Clínica Indisa, no sólo repercutió en su vida personal. El fuego también afectó sus negocios. Y sus líneas de crédito.
Hace unos días el Banco Santander informó a la Corporación Santo Tomás que si bien no les cerrarían la puerta de la institución, lamentablemente tendrían que “dejársela junta”. En otras palabras, la institución financiera decidió mantener la línea de crédito del holding, pero cualquier giro que haga Santo Tomás deberá ser “evaluado previamente” por ellos, con un nivel de riesgo (y la consabida tasa de interés) muy superior al que ostentaba hasta hace un mes.
Según altos ejecutivos del sector, otro importante banco de la plaza derechamente cerró el crédito a la entidad educacional, manteniéndoles sólo la posibilidad de operar con el cash disponible en la cuenta corriente.
Esta reacción de los bancos no habría dejado indiferente a la directiva de la Corporación Santo Tomás donde se ha hablado de un “nunca más” con las entidades que les cerraron las puertas, pues tienen la certeza de que la actual coyuntura que afecta la imagen institucional, pasará más temprano que tarde.
Consultados al respecto, en la Corporación aseguran que están funcionando con plena normalidad con las entidades bancarias y “más aún, ninguno de ellos nos ha cerrado la cuenta”.
El 70 por ciento de Rocha
Otro de los flancos debilitados luego del incidente protagonizado por Rocha, es el ingreso de alumnos a los institutos técnicos y universidades que alberga la corporación. Estos incluyen a la Universidad Santo Tomás, al Instituto Profesional del mismo nombre, centros de formación técnica y colegios. De hecho, fuentes internas aseguran que las metas de admisión para este año no se han cumplido, a diferencia de 2007. Versión que es desmentida por las autoridades de la corporación, que aseguran que la matrícula ha sido incluso mayor.
Los funcionarios tienen otra percepción. Estos aseguran que la baja se debería al problema con la carrera de Criminalística que afectó a varias casas de estudio que la impartían. Y por supuesto a los hechos de crónica roja en que se vio envuelto el presidente de la Corporación.
En este sentido, explican que una de las preguntas frecuentes de los potenciales alumnos sería el vínculo de Rocha con la institución, frente a lo cual se les comenta que es el fundador pero no se menciona la palabra “dueño”, a pesar de que posee 70 por ciento del holding. El resto, se reparte entre el Fondo Halcón que tiene el 15 por ciento (donde están Álvaro Saieh, Eduardo Fernández León, José Yuraszeck y José Antonio Garcés Silva); el estudio jurídico Baeza y Compañía que tiene un 1,9 por ciento; Rodrigo Rocha, hermano de Gerardo, con un 5,5 por ciento; y el 6 por ciento de Rodrigo Alarcón, presidente ejecutivo de la Corporación y mano derecha del empresario.
El alto porcentaje que posee Rocha es precisamente la piedra de tope de la directiva a la hora de desvincular el nombre del empresario con la propiedad. Por ello, el 5 de marzo Rodrigo Alarcón junto al rector nacional de las instituciones Santo Tomás, Jaime Vatter, presidieron una reunión con todos los directivos de las sedes del país.
Entre los temas que se discutieron se habló de un posible cambio en la estructura de propiedad, lo que implica vender la parte correspondiente al imputado.
Al respecto, el secretario de la Corporación Fernando de La Jara aseguró que “esto es un hecho largo, de mucho análisis, de diagnóstico. Es una corporación demasiado grande como para tomar decisiones precipitadas y en eso está la familia. Pero lo que más nos preocupa a todos es la preservación del proyecto”.
La campaña de alejamiento
Aunque la directiva de la corporación tomista le baja el perfil a los hechos asegurando que todo funciona con “completa normalidad”, las instrucciones comunicacionales a nivel interno y externo indican lo contrario.
La primera señal fue una declaración pública un día después del crimen del martillero, que aclaraba que Rocha “se encontraba abocado a concretar proyectos universitarios en el exterior, estando totalmente desvinculado de la conducción y administración de las instituciones Santo Tomás en Chile”.
Luego, se inició una campaña al interior de las entidades del holding educativo, cuyo fin era alinear a los funcionarios en la estrategia de “alejamiento” del cuestionado empresario. Para ello, se sostuvieron reuniones en cada una de las sedes educacionales con los directores de escuela. En los encuentros, se ordenó no hacer comentarios sobre Rocha y guiarse por la versión oficial. La misma que se envió a través de una carta a los alumnos y apoderados desvinculando al presidente de la corporación del tema académico.
Paralelamente, para manejar la crisis decidieron contratar a la consultora de Cristina Bitar, Hill & Knowlton Captiva, lo que coincidió con una fuerte campaña publicitaria en los medios de comunicación, a cargo de la agencia Armstrong Asociados.
El sindicato sin sala
Pero los dolores de cabeza en la Santo Tomás no están sólo vinculados a su dueño. Precisamente este jueves, el recién inaugurado sindicato de trabajadores efectuará una votación a nivel nacional para cambiar los estatutos para realizar negociaciones colectivas.
La iniciativa no es vista con buenos ojos. Como botón de muestra, los funcionarios del Instituto Técnico de la Región Metropolitana deberán votar en un restaurante en la calle Sazié, ya que simplemente no les cedieron una sala. La negativa se repite a nivel nacional.
Esta no sería la única práctica antisindical. En noviembre de 2007 la directiva del sindicato recibió una carta donde se criticaba su desempeño, acusándolos de “abusos” de la ley laboral. E incluso algunos de los afiliados al gremio se han visto afectados con el pago a medias de sus remuneraciones, lo que ha sido verificado por la Dirección del Trabajo. Al mes siguiente el organismo fiscalizador estableció que dos funcionarias fueron despedidas a pesar de encontrarse con fuero. A los pocos días, la Dirección del Trabajo solicitó la reincorporación de las mujeres y en vista de que no fue aceptada, cursaron dos multas por $14.600.000. El tema pasó al Primer Juzgado del Trabajo, que a fines de febrero de 2008 ordenó la reinserción de ambas.
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