Análisis político
Semana corta, agenda larga
El Mostrador.cl
Incentivos tributarios
Finalmente el Senado enmendó la iniciativa gubernamental en torno al IVA a la construcción, y aprobó la ley aplicando la totalidad del impuesto a las viviendas de más de UF 4.500, y dejando una franquicia fija de UF 225 para aquellas entre esa cantidad y UF 3.000, y para el resto vigente la rebaja existente. Hasta ahora, las empresas constructoras percibían una franquicia tributaria por la construcción de toda clase de viviendas de un 65% por ciento del IVA. Lo que era una medida abiertamente regresiva en materia de equidad pues son, precisamente los sectores de mayores ingresos los que tienen la mayor capacidad para aprovechar las franquicias. Lo que ha llevado a muchos a sostener que aquello que se invierte en políticas sociales es igual o inferior a lo que se otorga a los más ricos vía exenciones tributarias.
De ahí que el tema, que tiene una enorme significación política, requería un afinado análisis y adecuada consulta con su base parlamentaria por parte del gobierno, lo que no ocurrió, y estuvo a punto de hacer fracasar la iniciativa. Porque afecta a un sector económico importante con enorme impacto sobre el empleo, como es la construcción. Y porque hizo aparecer una grieta no resuelta en las percepciones sobre la clase media al interior de la Concertación. Cuestión que tiene mucha incidencia en el actual escenario político, especialmente para la DC. El tema coyuntural se zanjó de manera adecuada en opinión del oficialismo. Pero vastos sectores de la DC y el PPD, hace rato que sostienen que las políticas concertacionistas de lucha contra la pobreza han generado un péndulo político entre los más ricos y los más pobres, que deja huérfanos de políticas a las clases medias y destruye de manera despiadada todo su tejido social. La cercanía de sectores de derecha con este planteamiento es tambien notoria.
Corrupción a izquierda y derecha
La semana trajo un nuevo problema para la Concertación en relación al Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia. Allí, la licitación de la base informática para los nuevos documentos de identidad adjudicada a una empresa india fue anulada por deficiencias de transparencia en el procedimiento. Una investigación periodística develó que uno de los principales asesores técnicos del director del Registro Civil, y que había sido uno de los constructores de los términos de referencia para la licitación, también trabajaba para la adjudicataria, lo que entrañaría uso de información privilegiada, tráfico de influencias, faltas graves a la probidad y eventualmente la comisión de delitos.
A diferencia de lo ocurrido en el Ministerio de Educación, esta vez el gobierno no esperó nada para descabezar toda la primera plana del Servicio.
Pero los temas de corrupción esta semana tocaron también a la Contraloría y a la derecha, especialmente a la UDI, la que está envuelta en una ácida disputa entre la alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza y un yerno de Joaquín Lavín. El tema, que ha involucrado fuertes declaraciones de los máximos dirigentes del gremialismo, se produce también por la adjudicación de una licitación en condiciones poco transparentes y con eventuales faltas a la probidad y tráfico de influencias. El tema fue derecho a la justicia, con denuncias de la Alcaldesa de haber sido sometida a todo tipo de presiones y amenazas.
Lo de la Contraloría, rápida y eficientemente solucionado por el nuevo contralor, fue la denuncia del diputado Fulvio Rossi de que un alto funcionario del área de municipalidades del órgano contralor cobraba para arreglar sus informes. El contralor aceptó la renuncia del funcionario pero, además, puso los antecedentes en conocimiento de la justicia para determinar la eventual comisión de delitos. Adicionalmente señaló que abriría una investigación interna para “determinar el origen de la información”.
Un tema recurrente aparece en la sombra de todas estas situaciones. Y es que las más altas autoridades e instituciones del estado no tienen un sentido común para enjuiciar el tema. La lucha contra la corrupción, en términos de institucionalidad republicana es por cierto un tema judicial. Pero es también una sintonía operativa, política y administrativa, al interior del Estado, principalmente entre sus poderes públicos, los que debieran exhibir una concertación en sus acciones y vocerías. Lo que por cierto no es el caso actual.
La seguridad ciudadana
Un ambiente de amenazas se reproduce año a año, con distinto tipo de manifestaciones en la llamada jornada Día del Joven Combatiente. Este año, y en la semana que termina, el tema va precedido por un conjunto de atentados y de amenazas de bombas, actividad netamente criminal, que generan un clima amplio de temor en la población.
El se ve exacerbado por acciones delictuales graves, algunas de ellas con muertes de policías, en las que participan ex miembros de organizaciones políticas de ultraizquierda que han pasado directamente a la actividad criminal.
La impresión de una delincuencia desbordada no es nueva en el país. Es más, se da con una frecuencia milimétrica en los períodos preeleccionarios. Por ejemplo ello ha llevado a fuertes inversiones tecnológicas en los municipios del sector oriente de la ciudad, y a que cada vez que la policía toma preso un delincuente sea el subsecretario del Interior el vocero del tema.
Sin embargo, la actual sensación de inseguridad tiene un elemento cualitativamente diferente a los años anteriores. Junto a la existencia de delincuentes más avezados en las calles, es notoria la aparición de una amenaza antisistema, que expresa contenidos armados, y argumentos justificativos que no tienen cabida en democracia.
Este no es un tema propiamente delictual sino político e institucional, que debe ser enfrentado con elementos de inteligencia estratégica, además de métodos policiales por parte del Estado en lo que atañe a la comisión de delitos. Pero la mezcla indiscriminada del tema de seguridad interior y de delincuencia genera soluciones muchas veces intrusivas de la vida privada de los ciudadanos y sin eficiencia práctica para la seguridad y el orden público. Como puede ser llenar de cámaras todas las calles y plazas capturando imágenes cuyo destino final nunca queda claro. La maratón presidencial
Finalmente, la semana cerró con un Joaquín Lavín desmarcado de la acusación constitucional que la derecha mantiene en contra de la Ministra de Educación Yasna Provoste, y se prueba las zapatillas del corredor solitario.
Por más que lo nieguen, él o sus cercanos, Lavín es una clara carta vigente para la elección presidencial del 2009, lo que complica el amarre que se supone juega la directiva UDI con Sebastián Piñera antes de otorgarle su apoyo, y se pone en el camino de la herencia política de Michelle Bachelet.
Sebastián Piñera inmóvil en sus negocios y bien aspectado en las encuestas. Es que está corriendo solo, dicen sus detractores.
Ricardo Lagos y José Miguel Insulza salieron relativamente airosos de su primer round en el Congreso del Partido Socialista. El evento, al que ambos no asistieron pero enviaron sendos mensajes de compromiso con la causa, aprobó un mecanismo de asamblea para elegir el candidato del partido. Con ello se dio al traste con la primaria abierta que exigían el senador Alejandro Navarro y Jorge Arrate, quienes se han declarado precandidatos presidenciales. Según muchos, quedó servida la mesa para que sean los propios Lagos e Insulza quienes resuelvan el tema en la cocina de la casa de Camilo Escalona.
En la DC, se aceleran los preparativos para que Soledad Alvear sea proclamada candidata. Lo que a estas alturas parece ser la única posibilidad de que su figura retome un vuelo político con cierta significación. Se le ha visto sin chispa ni energía en todos los momentos políticos estelares del mes, especialmente cuando la Concertación perdió la Presidencia del Senado.
Respecto de esto último, el país se ha enterado con cierta sorpresa que este es el segundo cargo político del país, según definiciones de medios de comunicación y analistas políticos. Tal exageración sólo es posible por la extrema anomia institucional producida en el país luego de las sucesivas reformas constitucionales, incluidas las de año 2005. Ellas han transformado una Constitución autoritaria y antidemocrática como la de 1980, en una institución deforme, sin mucha coherencia ni consistencia interna, en la cual conviven elementos democráticos con rezagos del viejo ethos dictatorial. ¿Alguno de los candidatos grandes se jugará por una nueva constitución?
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