Políticas de Educacón Superior, J.J.Brunner

Es necesario mejorar el debate sobre las políticas de educación superior.

Discutir sobre propuestas aisladas impide ver el rumbo que queremos darle al sistema.

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER, El Mercurio

Es importante que el debate sobre el futuro de la educación superior sea conducido en un contexto orgánico de propuestas. Sólo así puede crearse un consenso en torno de los objetivos que deben guiar su desarrollo en esta etapa.

De lo contrario, como ocurre en estos días, se proponen asuntos desconectados entre sí -revisión de la PSU, destino del Consejo de Rectores, masificación de las becas para alumnos de menores recursos, admisibilidad de instituciones con fines de lucro, etcétera-, los cuales separadamente no hacen sentido ni permiten vislumbrar el rumbo que se desea imprimir al sistema.

De allí, asimismo, la urgencia de conocer prontamente el informe entregado al Gobierno por la comisión encargada de proponer las bases para dicha política.

Pues bien, ¿hacia dónde debe orientarse el sistema? ¿Cuál debe ser el eje de una política con vistas al futuro? Si se desea que la educación superior aumente su contribución al desarrollo nacional debería reconocerse, ante todo, un rol más activo al Gobierno en el empleo de aquellos instrumentos que le permiten guiar el sistema a distancia; es decir, sin interferir burocráticamente en el funcionamiento de sus propios mecanismos de autorregulación.

¿Y cuáles son estos instrumentos? Básicamente, la fijación de metas y prioridades para el sistema en su conjunto; el financiamiento de los estudiantes de menores recursos mediante un esquema, común para todos, de becas y créditos; el financiamiento institucional a través de contratos de desempeño y otros mecanismos de tipo mercado; el aseguramiento de la calidad provisto por agencias independientes, con exigentes estándares de acreditación, y un estatuto de obligaciones de informar que otorgue mayor transparencia al mercado de estudios superiores.

De esta manera, el sistema podría mejorar su desempeño en las dimensiones claves de equidad, calidad, eficiencia interna y pertinencia de sus programas.

Y se haría sin interferir en la autonomía académica y de gestión de las instituciones, emparejando las condiciones de la competencia y evitando que las políticas del sector sean corporativizadas en beneficio de los jugadores más fuertes. Se reconocería plenamente la provisión mixta de educación superior y, también, su carácter mixto como bien público y privado a la vez.

Una vez definido ese marco general y adoptado un eje de política con sentido de bienestar colectivo, podrán discutirse provechosamente el diseño y uso de instrumentos y mecanismos específicos, como contar con un esquema de garantía estatal para aumentar el acceso y la tasa de graduación en la educación superior.

O los incentivos necesarios para expandir la formación en el nivel de los programas avanzados de investigación, el rol de un organismo representativo de todas las instituciones acreditadas, la manera de impulsar la demanda por estudios técnico-vocacionales, el fortalecimiento de las llamadas universidades complejas, el gobierno de las corporaciones estatales y otros.

Todos estos son asuntos claves que necesitan ser evaluados en función de su coherencia con el marco general y de su mayor o menor efectividad para implementarlo.

"¿Hacia dónde debe orientarse el sistema? ¿Cuál debe ser el eje de una política de educación superior con vistas al futuro?"