10 de Marzo de 2008
En Washington
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas pidió este lunes a la CIDH que visite, de manera urgente, las comunidades de los indígenas mapuches en Chile para investigar las supuestas violaciones a los derechos humanos de esta etnia.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el director de la instancia, José Aylwin, denunció el trato de "hostigamiento" que dan las instituciones a los dirigentes mapuches y a los defensores de los derechos de los indígenas, con detenciones arbitrarias, violencia policial y discriminación étnica.
Acompañado por Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y dirigente lafkenche, explicó a los comisionados de la CIDH que en 2007 hubo más de 20 casos de violencia policial contra comunidades, dirigentes o comuneros mapuches y que en lo que va de año se han registrado ya tres casos más de violencia.
Desde 2000, sólo se han registrado dos muertes de mapuches: Alex Lemun el 12 de noviembre de 2002 y Matías Catrielo, el pasado 3 de enero.
Aylwin explicó que hay una "proliferación de acciones judiciales" contra dirigentes indígenas en Chile, a los que se aplica a menudo la ley antiterrorista y juicios militares en lugar de civiles.
También se refirió al modelo económico de Chile, que consiste, dijo, en "expandir la economía hacia tierras indígenas ricas en recursos", sin que se deje participar a las comunidades indígenas en los ingresos que generan los proyectos.
"Hay un quebrantamiento de la ley en lo relacionado con el derecho a la propiedad. Es una política de hostigamiento", subrayó Aylwin.
Persecución política
El dirigente lafkenche Adolfo Millabur señaló, por su parte, que en Chile "persiste la persecución política a los luchadores sociales" como los dirigentes mapuches y los defensores de los derechos de los indígenas.
Según sus palabras, a través de la ley antiterrorista se han encarcelado muchos dirigentes, e "incluso ha habido detenciones arbitrarias de niños", sin que hayan tenido un proceso judicial.
"Hay violencia policial, se aplican tribunales militares y todos los casos de violencia por parte de policías han quedado impunes", denunció el alcalde de Tirúa, quien calificó a los detenidos indígenas de "presos políticos".
Para Millabur, la razón por la que no se respetan los derechos de los mapuches está el modelo económico chileno, "que impone un sistema de no respeto a las comunidades" indígenas.
"Todos los gobiernos en Chile han avalado la expansión forestal en nuestros territorios", lamentó.
En Chile, se registran con frecuencia enfrentamientos entre empresas forestales e indígenas, que luchan por recuperar tierras de sus antepasados y que han sido acusados y condenados por incendios y usurpación de terrenos con uso de la violencia.
Aspectos a reforzar
El Gobierno, representado por Juan Aníbal Barría, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció que "hay aspectos que tenemos que reforzar" en materia de indígenas, pero señaló que Chile ha hecho muchos avances en la defensa de los derechos humanos.
Negó que haya una política de discriminación a los pueblos indígenas, detenciones secretas o impunidad para los policías, y subrayó que el Gobierno ha prestado "especial atención" a las demandas de los indígenas.
En este sentido, destacó la creación a finales de enero de una comisión interministerial para Asuntos Indígenas, que debe impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
También recordó que el Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto referido al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que ha sido aprobado recientemente por el Senado y está pendiente de ser ratificado.
El relator especial de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, subrayó la importancia de este hecho, si bien dijo que era a "todas luces incompatible" que tribunales militares analicen casos civiles y de violación de derechos humanos.
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