29 de abril de 2008

UNA RESPUESTA A LA CRISIS EDUCACIONAL, Marcel Claude.

La solución existe y es tan antigua como la vieja Europa, aquella que nos gusta imitar, y que enfrenta el problema con cuantiosas inversiones públicas financiadas con un sistema tributario que grava más a los que más tienen y a las grandes empresas.

La Nación.cl

Han transcurrido casi dos años del movimiento de los pingüinos, estudiantes secundarios cuyas manifestaciones abrieron un amplio debate sobre la precariedad de la educación básica y media en Chile. No debe sorprender que los estudiantes hayan vuelto a las calles y que las reivindicaciones planteadas entonces sigan siendo el lucro, la Ley General de Educación, la calidad de la enseñanza, la JEC, la tarifa escolar, entre otros. Todo lo anterior pese a la instalación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación -anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet- que debió haber generado propuestas adecuadas, pero sólo sirvió para frenar el movimiento estudiantil y no superar las grandes lacras del sistema: financiamiento, calidad y equidad. Y pese a que el tema esté hoy en el Congreso, aunque no parece existir una intención de avanzar en su tramitación.

En este escenario, que opera bajo la cuestionada lógica vigente en mayo de 2006, lo esperable es que las brechas existentes en la educación se acrecienten, por ejemplo, en los resultados de la PSU 2007: solo 1% de los hijos de las familias de menos recursos superaron los 700 puntos, mientras que en los hijos de familias de altos ingresos llega a 16%. Estas cifran demuestran que los pobres en su condición de exclusión reciben una educación muy deficiente, lo que no ocurre con los estudiantes de altos ingresos. De allí que el sistema de selección universitaria sólo sea el reflejo de la realidad social, razón por la cual, en la última propuesta entregada por los secundarios al Mineduc en diciembre pasado, se planteó su eliminación definitiva y su reemplazo por un mecanismo que considere sistemas de bachillerato humanista y científico.

En esa misma y errada dirección se pueden considerar a otros mecanismos como el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que resulta hoy una medida de política pública regresiva, porque bajo el supuesto de favorecer la excelencia académica, premia a aquellas instituciones de educación superior que acogen a los alumnos de los estratos socioeconómicos más altos, que son aquellos que obtuvieron mejores resultados en la PSU y provienen, a la vez, de los colegios privados que muestran históricamente los mejores resultados en la prueba Simce. Un círculo vicioso que lleva más de 30 años sin romperse, heredado de la dictadura y que la Concertación ha ratificado. Basta recordar las demandas de los secundarios de la segunda mitad de los ’80 que no eran ni más ni menos que las mismas del 24 de abril, cuando nuevamente los estudiantes salieron a la calle en distintas ciudades y recibieron la acostumbrada represión policial.

Han transcurrido dos años de tramitaciones inútiles, donde contrariamente a lo planteado en mayo del ’68 por los estudiantes franceses, los nuestros sí han sido realistas, porque han pedido sólo lo posible, pero en Chile lo posible es imposible. Es políticamente absurdo responsabilizar a las movilizaciones estudiantiles por el poco avance logrado, porque si no fuera por éstas el consejo asesor de educación nombrado por Bachelet sesionaría ante la tumba del ex dictador. Seamos honestos: ni el Gobierno ni la oposición han querido modificar el marco regulatorio de la dictadura. La solución existe y es tan antigua como la vieja Europa, aquella que nos gusta imitar, y que enfrenta el problema con cuantiosas inversiones públicas financiadas con un sistema tributario que grava más a los que más tienen y a las grandes empresas.

No nos puede sorprender que los estudiantes vuelvan a salir a las calles para reclamar por un grave problema país que se ha querido presentar como solucionado o en vías de solución, que es la falsa imagen con la que se quiso clausurar la revolución pingüina de 2006. Tampoco debería resultar sorprendente a la luz de lo que ocurre en el Congreso, porque el proyecto que está en el Congreso considera sólo una parte de las demandas y no asegura los cambios sustantivos que el sistema requiere. Un maquillaje más -entre tantos- gracias a los cuales estilistas de la Concertación y la Alianza han logrado reconocimiento internacional.

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