5 de abril de 2008

Conflictos en Acreditación de Ues. Denuncian a representante de U. Santo Tomás.

(ORBE) El senador independiente, Carlos Cantero acogió el reclamo por conflicto de intereses en el proceso de acreditación de las universidades, fundado en las diferencias que se evidenciaron en la decisión de otorgar la acreditación a instituciones de Educación Privada en desmedro de las entidades estatales.

El legislador expresó que pedirá una investigación en la Comisión de Educación del Senado, que explique el por qué no se consideró el informe de los pares evaluadores y la razón por la que personas pertenecientes a universidades privadas con conflictos de intereses no se inhabilitaron al momento de votar la acreditación de universidades públicas.

Elisa Rosales, Secretaria de la Asociación de Académicos de la UTEM señalo que "la no acreditación de la UTEM afecta directamente a 14 mil estudiantes de los dos quintiles más pobres de este país, que optaron libremente por la elección de esta Institución, impidiendo el aporte que hace a la movilidad social de la nación, algo que lamentablemente no se considera en la evaluación del Ministerio de Educación".

Por su parte, el Presidente de la Federación de Estudiantes UTEM, Claudio Muñoz, denunció que existían en el proceso claras evidencias de conflicto de intereses, mencionando el caso del representante de la Universidad Santo Tomás, institución que aparece con similares deficiencias según el informe de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y que efectivamente consiguió la acreditación por plazos hasta de seis años, quien sin embargo voto en contra de la UTEM, lo que constituye un escándalo. Mencionó como ejemplo de ello, que diversas entidades recibieron indicaciones por el problema presentado por la carrera de criminalística pese a lo cual las determinaciones adoptadas fueron disímiles.

El Vicerrector UTEM, Ricardo Neira, mencionó que otro aspecto que concitó la atención fue que la CNA no tomó en consideración el informe positivo entregado por los pares evaluadores en el caso de la UTEM, los cuales son financiados por el Estado, sumando a ello la presencia de personas con intereses en otras instituciones como INACAP o la Universidad Santo Tomás, que al intervenir en el proceso afectan la transparencia del proceso.

Cantero explicó que resulta evidente la necesidad de corregir la ley de acreditación, para evitar abusos, obligando que se inhabilite a las personas que tengan intereses creados, porque "para cualquier ciudadano común es lógico que en una decisión de tal envergadura no se puede involucrar a personeros que posean algún grado de beneficio en ello".

Por su parte en la UTEM señalaron que es incongruente que Universidades Estatales deban ser evaluadas por representantes de Instituciones Privadas que tienen intereses el la decisión, lo que debilita la transparencia, introduciendo elementos distorsionadores alejados de la academia y docencia.

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