El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, expresó hoy que detrás de la destitución de la ministra de Educación, Yasna Provoste, está la intención de sectores que quieren debilitar esa secretaría de Estado, aprobar sin dificultades la nueva Ley General de Educación (LGE) e ir por más privatizaciones en la enseñanza.
La Tercera.cl
"Nosotros creemos que el objetivo que se ha buscado con todo esto es una maniobra política, crear una cortina comunicacional, por parte de los sectores que están porque no haya cambios en educación y sacar adelante la LGE sin grandes dificultades, pero además para crear un escenario favorable, que el Ministerio de Educación esté más debilitado y así ir por más, produciendo una nueva institucionalidad educativa más neoliberal, más privatizadora, en nuestro actual sistema", señaló Gajardo.
El presidente de los profesores pidió que la nueva ministra de Educación, Mónica Jiménez, retire el proyecto LGE que se examina en el Congreso Nacional, y que escuche al mundo social y a las mayorías que están planteando el rechazo al lucro en la educación.
"Queremos que este nuevo ministro o ministra dé por desahuciado este acuerdo que está expresado en la LGE porque es un proyecto que quedó fuera de contexto, hay que retirar ese proyecto porque éste no dice nada sobre el cambio de financiamiento, no dice nada sobre la administración. Además, la iniciativa también ha repuesto el lucro. Nosotros creemos que el lucro no puede continuar en el sistema educativo", expresó Gajardo.
El dirigente expresó que desean que quien reemplace a Yasna Provoste "no continúe con la política de los consensos, de buscar algo que al final no cambian en nada las cosas".
"Solicitamos que el nuevo ministro se respalde en las organizaciones sociales ligadas a la educación. Si así como la derecha hoy habla de una nueva mayoría para desalojar ministros, nosotros también decimos una nueva mayoría, para producir cambios en la institucionalidad educativa", agregó.
El dirigente calificó de "exagerada" la destitución ayer miércoles de la ministra de Educación, Yasna Provoste. "Fue una medida exagerada, desproporcionada, dado que es fundamental garantizar el debido proceso. Y hay un informe que falta en este proceso, que es el destino de los 262 mil millones de pesos que es lo que está trabajando la Contraloría General de la República en estos momentos. Nuestra conclusión que esto fue un juicio político, más allá de los argumentos y antecedentes que hay", expresó.
UPI
Hace 4 años
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