"El gobierno ha escrito nueve razones para aprobar la LGE y nosotros decimos que tenemos 10 razones para rechazarla", dijo ayer el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, graficando cabalmente la falta de encuentro entre dos partes que se requieren, pero que cada día están más lejanas debido al proyecto de Ley General de Educación que hoy se ve en la comisión de Educación del Senado.
De partida, las diferencias fueron categóricas a la hora de los recuentos tras las movilizaciones que en Santiago culminaron con unas cinco mil personas cercadas en Plaza de Los Héroes, decenas de detenidos y varios heridos. Según el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, sólo un 4,8 % de los profesores del país paró, mientras que en el área municipal, la adhesión era de 14%. Las cifras del Mineduc reforzaron las declaraciones de la secretaria de Estado que ayer volvió a calificar el movimiento de "minoría" .
Según Gajardo, el paro convocó a cerca del 80% de los profesores del país y que las cifras entregadas por el Mineduc "violentan al profesorado. Ellos se ciegan y quieren hacer aparecer este movimiento con una mínima expresión. Por eso tenemos estas opiniones tan distantes, creo que esa política del Ministerio es la que no está ayudando a superar la crisis".
¿Senado o movimiento social?
A la hora de hablar del futuro del conflicto entre el Gobierno y el movimiento anti LGE, la ministra Mónica Jiménez fue clara: el Gobierno no cederá ante las movilizaciones. Señaló además que los docentes "están con la ilusión de que con estas presiones pueden cambiar la opinión de los parlamentarios y podrán introducir las modificaciones que quieren".
Pero Gajardo tenía otro análisis. "Tenemos que ser capaces de articular un movimiento nacional por la educación para revertir este proceso y no nos dedicaremos a contar con senadores, confiaremos en nuestras propias fuerzas, en el movimiento social", no descartando una huelga nacional.
LGE versus LOCE
El intercambio de declaraciones no podía dejar fuera la dicotomía LOCE/LGE y las distantes evaluaciones que hay sobre los avances entre una y otra legislación. La secretaria de Estado sostuvo que los docentes "están en una postura sostenida de querer retirar la LGE del Parlamento, y a mí, lo que me hace pensar, es que ellos quieren la LOCE", reiterando que los cambios entre una y otra legislación son evidentes.
El magisterio no ve tales avances y califica a la nueva ley como un mero maquillaje de la hecha en dictadura. "La alternativa no es LOCE o LGE. La alternativa es más mercado o más educación pública, que es la única garantía de equidad y calidad. El mercado ya demostró su incapacidad para solucionar las graves injusticias del sistema educativo. Y eso no lo cambia la LGE", aclaró Gajardo
Más de 2.000 estudiantes, profesores y trabajadores marcharon este martes por las calles de la capital chilena, en una nueva protesta contra el proyecto de ley General de Educación (LGE), promovido por el gobierno de Michelle Bachelet. La movilización terminó con graves incidentes, que dejaron un saldo de unos 40 detenidos y manifestantes y policías lesionados.
La protesta de este martes, denominada "Jornada nacional de movilización y acción sindical y social por el rechazo de la LGE", fue convocada por el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores y a ella adhirieron estudiantes secundarios y universitarios, así como empleados estatales y otras organizaciones sociales. Como ya se ha hecho una costumbre, los manifestantes comenzaron a congregarse en cuatro puntos de la ciudad a partir de las 10:00 hora local (14:00 GMT). Luego intentaron desfilar hacia el centro en caminatas que no fueron autorizadas por la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago porque pretendían copar la principal avenida santiaguina.
Efectivos de Carabineros (policía militarizada) reprimieron las columnas de personas con carros lanza agua y gases lacrimógenos. A pesar de los obstáculos, los estudiantes, maestros y trabajadores lograron reunirse en la Plaza Los Héroes, donde nuevamente fueron replegados. En otras regiones del país, como la de Valparaíso, también se efectuaron marchas.
Aunque los maestros depusieron un paro de actividades de varios días efectuado en junio, continúan oponiéndose a la LGE, que busca reemplazar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). No obstante, el Ministerio de Educación señaló que la huelga de trabajadores docentes de este martes tuvo una convocatoria de sólo 4,5 por ciento en el país. En tanto, son 70 las escuelas paralizadas en Chile.
En junio, la LGE fue aprobada en la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo y ahora se encuentra en discusión en el Senado, puesto que el gobierno cedió ante la demanda de sus parlamentarios de quitarle el carácter de discusión inmediata (de urgencia, que implica sólo tres días de debate en cada una de las dos cámara). Paralelamente, los estudiantes universitarios en conjunto con otras organizaciones realizan desde el 2 de este mes la llamada "Consulta Nacional de Educación", que finalizará este miércoles.
Las votaciones son a través de Internet y se han dispuesto mesas en distintos lugares del país. Sólo por la vía electrónica, más de 30.000 personas habían sufragado hasta este martes. "Creo que ya no hay margen para frenar la aprobación del proyecto en el parlamento. El gobierno se jugó por esta ley y no ha dado señas de cambiar de opinión", comentó a IPS Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (Piie).
La LGE surgió luego de que miles de estudiantes secundarios protagonizaran una histórica huelga en mayo y junio de 2006, exigiendo la derogación de la controvertida LOCE, impuesta por el hoy fallecido ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) un día antes de dejar el poder. Entre las disposiciones más cuestionadas de la LOCE figuran el traspaso de la administración de los establecimientos estatales del Ministerio de Educación a los 345 municipios del país y la creación de escuelas particulares con subvención estatal.
De esta forma, el sistema escolar quedó compuesto por centros educativos municipales, privados subvencionados y privados pagados. Los dos primeros reciben recursos fiscales por cada niño y niña que asiste a clases. Pero en 1993, durante el gobierno del demócrata-cristiano Patricio Aylwin (1990-1994), se autorizó a las escuelas privadas subvencionadas a pedir aportes extraordinarios a las familias, modalidad conocida como "financiamiento compartido".
Según estudiantes, profesores y algunos expertos en educación, el proceso de descentralización y privatización instaurado por la dictadura y profundizado por la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición centroizquierdista que gobierna el país desde la recuperación del estado de derecho en 1990, dejó en un estado terminal a la educación pública (municipal) y acrecentó la segmentación socioeconómica entre los alumnos.
Por ello exigen que se revierta la municipalización, que se prohíba el lucro y la selección de alumnos en los colegios subvencionados por el Estado y que se elimine el "financiamiento compartido". Pero los defensores del actual modelo, principalmente la oposición derechista, plantean que éste ayudó a aumentar la cobertura y a inyectar más recursos a la educación, ampliando las alternativas de elección de las familias. Ahora es necesario pasar a una nueva fase centrada en la calidad, pero manteniendo los pilares básicos del sistema, añaden.
La ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, dijo este martes que las nuevas movilizaciones no se justifican porque la LGE es un avance respecto a la LOCE. La funcionaria recordó, además, que a fines de este mes se enviará al Congreso legislativo otro proyecto para fortalecer la educación pública. El gobierno destaca que la LGE fija mayores requisitos a los sostenedores (dueños de escuelas privadas subvencionadas) y crea organismos como la Superintendecia de Educación y la Agencia de la Calidad.
Pese a haberse nutrido de las propuestas de un heterogéneo consejo asesor formado por la presidenta Bachelet para sofocar el paro estudiantil de 2006, la LGE nunca dejó a todos conformes. Por lo mismo, el proyecto ha sido varias veces modificado por el Poder Ejecutivo, cediendo principalmente a las demandas de los dos partidos de derecha. "La LGE representa un avance relativo. No es la LOCE, pero profesores, estudiantes y otros actores esperábamos más", sostuvo Loreto Egaña, del Piie.
A su juicio, la nueva normativa mantiene la lógica de la competencia "desigual" entre los colegios municipales y los privados subvencionados, en la cual los principales perjudicados son las familias más pobres. Aunque los estudiantes y docentes han anunciado nuevas movilizaciones, Egaña sólo tiene puestas sus expectativas en el proyecto sobre fortalecimiento de la educación pública anunciado por el gobierno.
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