Una razón de la tendencia hacia la centro izquierda se debe a los resultados de las políticas neoliberales en el continente que podemos entenderla como una forma de organizar la vida económica y de conducir la entrada en la globalización. Han sido más de dos décadas de reformas macroeconómicas profundas, expresadas en ajustes macro-económicos, privatizaciones, desregulaciones, transnacionalización y apertura externa.
Por Raúl González*
La llegada a la presidencia durante los últimos años de un grupo de presidentes definidos de “izquierda” o de “centro izquierda”, ha dado lugar a la expresión de un “viraje a la izquierda”, en América Latina. El reciente triunfo de Fernando Lugo en Paraguay, rompiendo una histórica hegemonía del Partido Colorado, ha reafirmado esa tendencia.
Resulta importante indagar bajo qué condiciones este fenómeno electoral pudiese significar reorientaciones significativas en el continente y corresponder a la constitución de un momento especifico de la historia latinoamericana, de carácter post-liberal.
Una primera razón de la tendencia hacia la centro izquierda se debe a los resultados de las políticas neoliberales en el continente que podemos entenderla como una forma de organizar la vida económica y de conducir la entrada en la globalización. Han sido más de dos décadas de reformas macroeconómicas profundas, expresadas en ajustes macro-económicos, privatizaciones, desregulaciones, transnacionalización y apertura externa. Los efectos destructivos sobre los tejidos productivos internos y la precarización del empleo estuvieron a la base de un aumento de la pobreza y de la desigualdad. Durante los años 80, en América Latina el PIB medio real p/c disminuyó y en los años 90 creció apenas al 1.5% anual. Esto fue insuficientemente enfrentado por un Estado debilitado, producto de la misma lógica liberal de los cambios, más preocupado de reducirse que de actuar.
La legitimidad liberal buscó imponerse con el argumento de que esas políticas eran lo único posible –“la ciencia económica objetiva”- y que eran aplicadas además por gobernantes sustentados en elites técnicamente impecables y moralmente incorruptibles. Por el contrario, estos períodos de liberalismo estuvieron acompañados por situaciones de manejo autocrático y fueron percibidas como muy poco transparentes, como los casos de Carlos Menem en Argentina y de Alberto Fujimori en Perú, y los antecedentes posteriores de Pinochet.
Ese sentir anterior hubiese resultado difuso si no ocurre, en los últimos seis a ocho años, el aumento de las expresiones sociales y populares de descontento y reivindicación, lo que abrió más espacio a las izquierdas. En los últimos 5 años han existido crecientes protestas sociales en las calles y levantamientos sociales tuvieron influencia en el cambio de 11 presidentes en A. Latina. Estos movimientos han tenido el efecto de hacerse constitutivos de las escenas públicas de sus países, reflejando la existencia de situaciones sociales críticas que sobrepasan lo episódico. Con ello, han llevado a debatir acerca de los efectos sociales del liberalismo radical, del estilo de desarrollo, y han ejercido presiones sobre los dirigentes políticos.
En ese cuadro, dentro de la población votante, los liderazgos centro-izquierdistas han aparecido como más ilusionantes de que se produzca un acercamiento entre política y reivindicaciones sociales; una mayor capacidad representativa de la política o, en alguna medida, como alternativas “no tradicionales”. Ello se puede establecer en la llegada a las presidencias de parte de Chávez, Lula, Morales, Kirchner/Fernández, Vásquez, Lagos/Bachelet, Correa, Ortega y Lugo, principalmente.
Ha aumentado la convicción de obligar al Estado a que reconozca una mayor responsabilidad y, concordantemente, una toma de distancia con las fuerzas políticas liberales, que sostienen su prescindencia.
Dentro de esta atmósfera, se tiende a favorecer a las izquierdas en la medida que aparecen como una corriente que es más asociada a impulsar, desde la política, valores como la igualdad, la preocupación por la pobreza y el sentido de lo público, lo que favorece el aumento de su presencia en los gobiernos. Esto, dentro de ciertos límites pues, para mucha población, los políticos de izquierda son vistos como parte de “los de arriba” y de la clase política general: defensores de sus propios intereses como “grupo”.
Por último, más allá de que se reconozca el inmenso cambio que ha tenido A. Latina en sus estructuras y representaciones sociales -como el debilitamiento del sindicalismo obrero o la emergencia de lo étnico- un factor de alimentación de las corrientes de centro izquierda es que en la subjetividad del continente hay una importante presencia de visiones críticas de la sociedad y una memoria de lucha y organización social.
Recordemos, además, que la experiencias liberales comenzaron, al menos parcialmente, en medio de situaciones de dictaduras militares de derecha y que luego solieron desplegarse en contextos de competencia electoral, pero que se transformaron en liberales en el ejercicio concreto del gobierno, desconociendo las plataformas programáticas con que los presidentes habían sido elegidos. Es decir, el liberalismo en el continente se ha impuesto ya sea por la fuerza o a través de grados importantes de engaño y transformismo del poder ejecutivo, pero en grado menor por un verdadero consenso o mayoría.
Una característica de estos gobiernos ha sido el de crear o fortalecer los programas sociales. Los gobiernos de Lula, Morales, Kirchner y Chávez, por ejemplo, han usado acrecentados recursos en la reparación de caminos e infraestructura urbana, construcción de escuelas, hospitales, vivienda, distribución de alimentos, programas de cuidados y de medicamentos gratuitos y de visitas a domicilio, en regiones de alta necesidades; infraestructuras hospitalarias y educativas en zonas rurales, programas de alfabetización, instalación de líneas telefónicas, tractores vendidos a costo bajo a agricultores. Ello ha mejorado indicadores sociales. Han existido, también, intervenciones sobre el mercado laboral, como el decreto de alzas del salario mínimo que compensa parcialmente su grave deterioro real previo. En casos como el argentino, se elevó el salario de los profesores y de jubilados y hubo políticas de aumento del poder adquisitivo de familias pobres. Uruguay reinstaló los Consejos de Salarios para la negociación colectiva de las remuneraciones, lo que hizo aumentar su valor.
Sin embargo, el marco dentro del cual emergen las políticas sociales más popularizadas no parece ser la base de una concepción “de izquierda” de un nuevo “Estado Social”, que sea una alternativa madura, no neoliberal, al debilitamiento del Estado de Bienestar. Son políticas cercanas a las orientaciones ideológicas de una acción subsidiaria del Estado, centradas en la focalización y no en la afirmación de derechos o garantías, universales.
En suma, el carácter de los mayores fondos sociales sigue una lógica de distribución focalizada y asistencialista, que prima sobre una orientación igualitarista y de empoderamiento político, de parte de los “beneficiarios”, aun cuando hay iniciativas en esta dirección. Esto, a la vez, aleja de la posibilidad de conquistar a fracciones de las clases medias que no perciben una perspectiva social que las comprenda y las atraiga hacia una nueva perspectiva política.
Este carácter liberal parece también imponerse en la creación de los fondos de pensiones privados. Asimismo en tendencias a liberalizar la legislación laboral y la pérdida de ciertas protecciones, lo que puede llevar a hablar de regresiones sociales. En Brasil, se disminuyó en un 30% las pensiones de los sindicatos de los trabajadores del sector público (maestros, oficinistas, trabajadores de la salud, funcionarios) y se elevó la edad de la jubilación.
Otro aspecto de identidad centro-izquierda es un grado de nacionalismo económico en torno a la propiedad estatal/nacional de las riquezas básicas o, al menos, a una mayor apropiación nacional de su renta. Esto busca ser una orientación inversa a la desnacionalización y privatización de las economías latinoamericanas de los últimos decenios, propiciada sin límites por el enfoque liberal.
La centro-izquierda, en algunos países aparece, simultáneamente, recuperando el carácter público de ciertos servicios y representando los intereses nacionales frente a las grandes empresas extranjeras. Sin embargo, este nacionalismo económico no es una orientación general hacia el conjunto de la economía.
También estos gobiernos afirman una importancia mayor del Estado que la sostenida por el enfoque neoliberal. Esta presencia estatal puede ser indirecta a través del aumento de su accionar regulador de las empresas privadas y el mercado, como fue el caso de N. Kirchner. Este ejerció una mayor vigilancia e intervino tarifas de servicios privatizados, controlando ganancias excesivas, lo que permitió aumentar los salarios reales.
En relación al paradigma liberal de control de la inflación como faro principal de la política económica, los gobiernos de centro izquierda aceptan, dentro de ciertos rangos, la existencia de una inflación más alta con tal que sea acompañado por tasas más elevadas de crecimiento económico. Son escasos los intentos de medidas más radicales de impacto social, pero que pudiesen significar riesgos de desequilibrio fiscal y un espiral de endeudamiento externo o interno. Su enfoque macroeconómico no es distinto y las acusaciones de ser gobiernos populistas, han sido apreciaciones ideologizadas.
Sin embargo, este liberalismo no ha llevado a aprobar la política norteamericana de formación de una zona americana de libre comercio, propia del clásico enfoque panamericanista de ese país y en que la oposición de Brasil ha sido clave. Frente a ello, y en forma moderada, estos gobiernos de centro-izquierda han levantado una perspectiva de mayor autonomía regional y se han fortalecido proyectos regionales suramericanos en los cuales figuran aspectos de energía, financieros y viales e institucionales. Esto se ha expresado, también, en orientaciones de algunas de sus expresiones de conformar bloques más radicales, por ejemplo, a través de los acuerdos de cooperación entre Bolivia, Venezuela y Cuba, lo que quiere expresar una clara connotación anti-imperialista.
En este lado más “soberanista”, los gobiernos de centro izquierda repusieron la posibilidad o el margen de maniobra respecto de los organismos financieros internacionales. En esto la política de Kirchner fue emblemática en su reivindicación de independencia respecto de las presiones del FMI. Ello tuvo la importancia de poner en cuestión la jerarquía de valores y la ideología de dicho organismo y levantar otra política económica, de tipo keynesiana, que dinamizó la producción y el empleo, que no quedó subordinada al pago de la deuda.
También puede afirmarse que con los gobiernos de centro-izquierda hay una afirmación mayor de las organizaciones sociales como agentes de la sociedad. En el caso de Morales, Chávez y Lula hay un cierto reconocimiento de los intereses populares y de las organizaciones sociales para que sean considerados en las orientaciones y medidas políticas y buscar representar esos intereses.
Podríamos decir que como caracterización general, las centro izquierda expresan un modelo híbrido pero en que, además, hay diferencias importantes. Entre éstas se ubican la relación con USA; la relación con inversión extranjera; el grado de inserción del Estado en la economía; y el lugar del movimiento social popular.
Sin embargo, tampoco son gobiernos que han buscado realizar políticas de transformación del capitalismo y representan un “viraje hacia la derecha” respecto de un ideario más tradicional e histórico de la izquierda latinoamericana. Todos aquellos cambios antes señalados suceden, sin embargo, en un grado menor. Su alternativismo al liberalismo es moderado, de tal modo que no permite decir, tampoco, que se está afirmando un modelo de centro-izquierda que podamos definir como socialdemócrata. Por ejemplo, no se afirma un Estado de bienestar, una sustantiva economía pública expandida; un Estado de compromiso; un enfoque social universalista, menos focalizado e individualista.
Complementariamente, en ciertos casos, representan un “viraje hacia la derecha” en relación a sus programas iniciales de gobierno: ciudadanía en Bachelet, reformas estructurales en Lula. En este sentido, además, resulta ideologizada una crítica de derecha en relación a se trata de gobiernos “populistas”, si consideramos que han sido gobiernos con un alto control del gasto público y con lenguajes contenedores de la movilización social.
En cualquier caso, frente a la pregunta acerca de si nos encontramos en la emergencia de una época post liberal nítida en América Latina, la respuesta es ambigüa. En ese contexto, las alternativas programáticas, en particular de una centro izquierda progresista, no aparece madura ni con identidad clara respecto del liberalismo radical. Pero es ideologizado definirlas como la nueva cara del neoliberalismo en el continente.
¿Qué se podría decir si se quisiera fortalecer una orientación de izquierda más progresista en los años que vienen? La izquierda debe expresar en la esfera política las problemáticas sociales de las mayorías, ayudando a recomponer la relación entre lo social y lo político. Es ello lo que ha estado detrás de muchos de los votos que ha recibido y su quehacer debe prolongarlo. La lucha social debe inscribirse en cuadros institucionales, a la vez que debe ser capaz de ir democratizándolos y ampliándolos. En caso contrario, la institucionalidad “democrática” se mostrará como una farsa, incapaz de ser un marco que vaya facilitando una distribución de poderes, de reconocimientos, de oportunidades y de riqueza; será experimentada como electoralista, oligárquica o plutocrática.
La izquierda debe ser una fuerza que disminuya la brecha entre discursos, programas y política efectiva. Esto construye a una clase política que tiene una lógica de utilización del electorado y que no tiene programas sustantivos que luego cumple en el gobierno. Por último, la izquierda debe construir miradas propias y más coherentes con su legado respecto de múltiples fenómenos sociales sobre los cuales ha perdido terreno. Por ejemplo, debe imponer una mirada con la complejidad necesaria respecto del avance –y el uso comunicacional- de la criminalidad en la sociedad latinoamericana, expresada en la tasa de homicidios, bandas juveniles violentas, actos delictivos por dependencia de la droga, etc. Debe privilegiarse un predominio de la política y la sociedad para enfrentar este fenómeno, no reduciendo su interpretación y tratamiento, a cuestiones de conductas desviadas y a un avance de la militarización de la sociedad.
Una orientación de izquierda debe promover formas de propiedad y de gestión distintas a la capitalista, aunque no las busque eliminar. Ello va desde recuperar formas tradicionales a abrir iniciativas de tipo alternativo, configurando una economía mixta con la privado capitalista, a través de la pequeña producción mercantil, la economía pública y la social y comunitaria, como han propuesto los gobiernos de Morales, Correa, Lula y Chávez.
Debe considerar “lo económico” y “lo social” como caras de un modelo de desarrollo. Una estrategia de desarrollo debe justificarse en función de un cierto número de objetivos sociales para lo cual el crecimiento o el equilibrio económico sólo pueden ser tratados como medios. Los objetivos sociales - pensiones y seguridad social, mejoras de la educación y salud, vivienda- no pueden ser tratados como meros asuntos privados, sino estar explicitados e intrínsecamente comprendidos en los proyectos de desarrollo.
En tercer lugar, debe diversificar y cualificar la forma de relación económica con el mundo. Esto significa una estrategia de creación de valor agregado interno y desarrollo de sectores industriales y servicios. La izquierda no puede repetir estrategias de desarrollo basadas en la exportación de recursos naturales aunque haya coyunturas muy favorables a sus precios. Esto, no es fácil pues enfrenta una competencia de países asiáticos que pueden tener en algunos casos mayor productividad pero, en otras, tienen una alta competitividad basados en condiciones muy malas de la fuerza de trabajo.
En cuarto lugar, en complementariedad (y tensión) con el punto anterior, para conciliar lo económico con reales efectos sociales beneficiosos, la izquierda debe hacer una mayor consideración de los mercados internos como componente de la dinámica económica. Debe retomar consideraciones keynesianas acerca de la importancia de las necesidades y demandas agregadas nacionales para efectos de incentivar y orientar la producción.
Una política de izquierda debe ayudar a generar normas éticas internacionales que reduzcan y orienten las influencias de las grandes empresas. Esto, porque es algo ya objetivado que la reducción de los márgenes de maniobra nacionales de los países de menor poder mundial proviene también de las grandes empresas privadas trasnacionales, las que han aumentado en peso, cantidad y capacidad de presionar a los gobiernos. Una política de izquierda no puede desconocer que cualquier política de cambios sociales distintos al liberal enfrentará fuertes resistencias. Aunque es cierto que el tiempo ha marcado distancia, aun en los organismos internacionales, respecto de las ideas liberales puras del Consenso de Washington. En general, la izquierda debe reconocer la necesidad de resolver la dificultad de acción cuando un Estado es débil frente a las clases ricas internas, al capital extranjero y a organismos internacionales.
Finalmente, la izquierda suele estar más clara de lo que no quiere pero menos clara de lo que levantaría como alternativa y, menos aun, de cómo lo ejecutaría. Debe, en definitiva, construir su identidad, en un cierto movimiento “hacia dentro”; pero con una apertura que ha solido no tener en el pasado, en un movimiento “hacia fuera”, para levantar un “programa de izquierda”.
Necesita también moverse dentro de una tensión entre la necesidad de grados de fuerza compacta y centralizada y el cobijar, democráticamente, tendencias o fuerzas dispersas, diversas y anti-centralistas.
Todo esto necesita la convicción de que es posible un mundo más solidario, más justo, más integrado, con más calidad de vida. La frustración de esta esperanza puede revertir la alentadora guiñada hacia la izquierda de América Latina en su lucha por la soberanía, integración, democracia y justicia social. Sin embargo, la necesidad de esa convicción como energía movilizadora, no debe impedir la necesidad de crítica libre y abierta a los procesos, sin la cual lo primero se convierte en un movimiento puramente irracional y repetitivo.
*Raúl González es académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
El Mostrador.cl
La llegada a la presidencia durante los últimos años de un grupo de presidentes definidos de “izquierda” o de “centro izquierda”, ha dado lugar a la expresión de un “viraje a la izquierda”, en América Latina. El reciente triunfo de Fernando Lugo en Paraguay, rompiendo una histórica hegemonía del Partido Colorado, ha reafirmado esa tendencia.
Resulta importante indagar bajo qué condiciones este fenómeno electoral pudiese significar reorientaciones significativas en el continente y corresponder a la constitución de un momento especifico de la historia latinoamericana, de carácter post-liberal.
Una primera razón de la tendencia hacia la centro izquierda se debe a los resultados de las políticas neoliberales en el continente que podemos entenderla como una forma de organizar la vida económica y de conducir la entrada en la globalización. Han sido más de dos décadas de reformas macroeconómicas profundas, expresadas en ajustes macro-económicos, privatizaciones, desregulaciones, transnacionalización y apertura externa. Los efectos destructivos sobre los tejidos productivos internos y la precarización del empleo estuvieron a la base de un aumento de la pobreza y de la desigualdad. Durante los años 80, en América Latina el PIB medio real p/c disminuyó y en los años 90 creció apenas al 1.5% anual. Esto fue insuficientemente enfrentado por un Estado debilitado, producto de la misma lógica liberal de los cambios, más preocupado de reducirse que de actuar.
La legitimidad liberal buscó imponerse con el argumento de que esas políticas eran lo único posible –“la ciencia económica objetiva”- y que eran aplicadas además por gobernantes sustentados en elites técnicamente impecables y moralmente incorruptibles. Por el contrario, estos períodos de liberalismo estuvieron acompañados por situaciones de manejo autocrático y fueron percibidas como muy poco transparentes, como los casos de Carlos Menem en Argentina y de Alberto Fujimori en Perú, y los antecedentes posteriores de Pinochet.
Ese sentir anterior hubiese resultado difuso si no ocurre, en los últimos seis a ocho años, el aumento de las expresiones sociales y populares de descontento y reivindicación, lo que abrió más espacio a las izquierdas. En los últimos 5 años han existido crecientes protestas sociales en las calles y levantamientos sociales tuvieron influencia en el cambio de 11 presidentes en A. Latina. Estos movimientos han tenido el efecto de hacerse constitutivos de las escenas públicas de sus países, reflejando la existencia de situaciones sociales críticas que sobrepasan lo episódico. Con ello, han llevado a debatir acerca de los efectos sociales del liberalismo radical, del estilo de desarrollo, y han ejercido presiones sobre los dirigentes políticos.
En ese cuadro, dentro de la población votante, los liderazgos centro-izquierdistas han aparecido como más ilusionantes de que se produzca un acercamiento entre política y reivindicaciones sociales; una mayor capacidad representativa de la política o, en alguna medida, como alternativas “no tradicionales”. Ello se puede establecer en la llegada a las presidencias de parte de Chávez, Lula, Morales, Kirchner/Fernández, Vásquez, Lagos/Bachelet, Correa, Ortega y Lugo, principalmente.
Ha aumentado la convicción de obligar al Estado a que reconozca una mayor responsabilidad y, concordantemente, una toma de distancia con las fuerzas políticas liberales, que sostienen su prescindencia.
Dentro de esta atmósfera, se tiende a favorecer a las izquierdas en la medida que aparecen como una corriente que es más asociada a impulsar, desde la política, valores como la igualdad, la preocupación por la pobreza y el sentido de lo público, lo que favorece el aumento de su presencia en los gobiernos. Esto, dentro de ciertos límites pues, para mucha población, los políticos de izquierda son vistos como parte de “los de arriba” y de la clase política general: defensores de sus propios intereses como “grupo”.
Por último, más allá de que se reconozca el inmenso cambio que ha tenido A. Latina en sus estructuras y representaciones sociales -como el debilitamiento del sindicalismo obrero o la emergencia de lo étnico- un factor de alimentación de las corrientes de centro izquierda es que en la subjetividad del continente hay una importante presencia de visiones críticas de la sociedad y una memoria de lucha y organización social.
Recordemos, además, que la experiencias liberales comenzaron, al menos parcialmente, en medio de situaciones de dictaduras militares de derecha y que luego solieron desplegarse en contextos de competencia electoral, pero que se transformaron en liberales en el ejercicio concreto del gobierno, desconociendo las plataformas programáticas con que los presidentes habían sido elegidos. Es decir, el liberalismo en el continente se ha impuesto ya sea por la fuerza o a través de grados importantes de engaño y transformismo del poder ejecutivo, pero en grado menor por un verdadero consenso o mayoría.
Una característica de estos gobiernos ha sido el de crear o fortalecer los programas sociales. Los gobiernos de Lula, Morales, Kirchner y Chávez, por ejemplo, han usado acrecentados recursos en la reparación de caminos e infraestructura urbana, construcción de escuelas, hospitales, vivienda, distribución de alimentos, programas de cuidados y de medicamentos gratuitos y de visitas a domicilio, en regiones de alta necesidades; infraestructuras hospitalarias y educativas en zonas rurales, programas de alfabetización, instalación de líneas telefónicas, tractores vendidos a costo bajo a agricultores. Ello ha mejorado indicadores sociales. Han existido, también, intervenciones sobre el mercado laboral, como el decreto de alzas del salario mínimo que compensa parcialmente su grave deterioro real previo. En casos como el argentino, se elevó el salario de los profesores y de jubilados y hubo políticas de aumento del poder adquisitivo de familias pobres. Uruguay reinstaló los Consejos de Salarios para la negociación colectiva de las remuneraciones, lo que hizo aumentar su valor.
Sin embargo, el marco dentro del cual emergen las políticas sociales más popularizadas no parece ser la base de una concepción “de izquierda” de un nuevo “Estado Social”, que sea una alternativa madura, no neoliberal, al debilitamiento del Estado de Bienestar. Son políticas cercanas a las orientaciones ideológicas de una acción subsidiaria del Estado, centradas en la focalización y no en la afirmación de derechos o garantías, universales.
En suma, el carácter de los mayores fondos sociales sigue una lógica de distribución focalizada y asistencialista, que prima sobre una orientación igualitarista y de empoderamiento político, de parte de los “beneficiarios”, aun cuando hay iniciativas en esta dirección. Esto, a la vez, aleja de la posibilidad de conquistar a fracciones de las clases medias que no perciben una perspectiva social que las comprenda y las atraiga hacia una nueva perspectiva política.
Este carácter liberal parece también imponerse en la creación de los fondos de pensiones privados. Asimismo en tendencias a liberalizar la legislación laboral y la pérdida de ciertas protecciones, lo que puede llevar a hablar de regresiones sociales. En Brasil, se disminuyó en un 30% las pensiones de los sindicatos de los trabajadores del sector público (maestros, oficinistas, trabajadores de la salud, funcionarios) y se elevó la edad de la jubilación.
Otro aspecto de identidad centro-izquierda es un grado de nacionalismo económico en torno a la propiedad estatal/nacional de las riquezas básicas o, al menos, a una mayor apropiación nacional de su renta. Esto busca ser una orientación inversa a la desnacionalización y privatización de las economías latinoamericanas de los últimos decenios, propiciada sin límites por el enfoque liberal.
La centro-izquierda, en algunos países aparece, simultáneamente, recuperando el carácter público de ciertos servicios y representando los intereses nacionales frente a las grandes empresas extranjeras. Sin embargo, este nacionalismo económico no es una orientación general hacia el conjunto de la economía.
También estos gobiernos afirman una importancia mayor del Estado que la sostenida por el enfoque neoliberal. Esta presencia estatal puede ser indirecta a través del aumento de su accionar regulador de las empresas privadas y el mercado, como fue el caso de N. Kirchner. Este ejerció una mayor vigilancia e intervino tarifas de servicios privatizados, controlando ganancias excesivas, lo que permitió aumentar los salarios reales.
En relación al paradigma liberal de control de la inflación como faro principal de la política económica, los gobiernos de centro izquierda aceptan, dentro de ciertos rangos, la existencia de una inflación más alta con tal que sea acompañado por tasas más elevadas de crecimiento económico. Son escasos los intentos de medidas más radicales de impacto social, pero que pudiesen significar riesgos de desequilibrio fiscal y un espiral de endeudamiento externo o interno. Su enfoque macroeconómico no es distinto y las acusaciones de ser gobiernos populistas, han sido apreciaciones ideologizadas.
Sin embargo, este liberalismo no ha llevado a aprobar la política norteamericana de formación de una zona americana de libre comercio, propia del clásico enfoque panamericanista de ese país y en que la oposición de Brasil ha sido clave. Frente a ello, y en forma moderada, estos gobiernos de centro-izquierda han levantado una perspectiva de mayor autonomía regional y se han fortalecido proyectos regionales suramericanos en los cuales figuran aspectos de energía, financieros y viales e institucionales. Esto se ha expresado, también, en orientaciones de algunas de sus expresiones de conformar bloques más radicales, por ejemplo, a través de los acuerdos de cooperación entre Bolivia, Venezuela y Cuba, lo que quiere expresar una clara connotación anti-imperialista.
En este lado más “soberanista”, los gobiernos de centro izquierda repusieron la posibilidad o el margen de maniobra respecto de los organismos financieros internacionales. En esto la política de Kirchner fue emblemática en su reivindicación de independencia respecto de las presiones del FMI. Ello tuvo la importancia de poner en cuestión la jerarquía de valores y la ideología de dicho organismo y levantar otra política económica, de tipo keynesiana, que dinamizó la producción y el empleo, que no quedó subordinada al pago de la deuda.
También puede afirmarse que con los gobiernos de centro-izquierda hay una afirmación mayor de las organizaciones sociales como agentes de la sociedad. En el caso de Morales, Chávez y Lula hay un cierto reconocimiento de los intereses populares y de las organizaciones sociales para que sean considerados en las orientaciones y medidas políticas y buscar representar esos intereses.
Podríamos decir que como caracterización general, las centro izquierda expresan un modelo híbrido pero en que, además, hay diferencias importantes. Entre éstas se ubican la relación con USA; la relación con inversión extranjera; el grado de inserción del Estado en la economía; y el lugar del movimiento social popular.
Sin embargo, tampoco son gobiernos que han buscado realizar políticas de transformación del capitalismo y representan un “viraje hacia la derecha” respecto de un ideario más tradicional e histórico de la izquierda latinoamericana. Todos aquellos cambios antes señalados suceden, sin embargo, en un grado menor. Su alternativismo al liberalismo es moderado, de tal modo que no permite decir, tampoco, que se está afirmando un modelo de centro-izquierda que podamos definir como socialdemócrata. Por ejemplo, no se afirma un Estado de bienestar, una sustantiva economía pública expandida; un Estado de compromiso; un enfoque social universalista, menos focalizado e individualista.
Complementariamente, en ciertos casos, representan un “viraje hacia la derecha” en relación a sus programas iniciales de gobierno: ciudadanía en Bachelet, reformas estructurales en Lula. En este sentido, además, resulta ideologizada una crítica de derecha en relación a se trata de gobiernos “populistas”, si consideramos que han sido gobiernos con un alto control del gasto público y con lenguajes contenedores de la movilización social.
En cualquier caso, frente a la pregunta acerca de si nos encontramos en la emergencia de una época post liberal nítida en América Latina, la respuesta es ambigüa. En ese contexto, las alternativas programáticas, en particular de una centro izquierda progresista, no aparece madura ni con identidad clara respecto del liberalismo radical. Pero es ideologizado definirlas como la nueva cara del neoliberalismo en el continente.
¿Qué se podría decir si se quisiera fortalecer una orientación de izquierda más progresista en los años que vienen? La izquierda debe expresar en la esfera política las problemáticas sociales de las mayorías, ayudando a recomponer la relación entre lo social y lo político. Es ello lo que ha estado detrás de muchos de los votos que ha recibido y su quehacer debe prolongarlo. La lucha social debe inscribirse en cuadros institucionales, a la vez que debe ser capaz de ir democratizándolos y ampliándolos. En caso contrario, la institucionalidad “democrática” se mostrará como una farsa, incapaz de ser un marco que vaya facilitando una distribución de poderes, de reconocimientos, de oportunidades y de riqueza; será experimentada como electoralista, oligárquica o plutocrática.
La izquierda debe ser una fuerza que disminuya la brecha entre discursos, programas y política efectiva. Esto construye a una clase política que tiene una lógica de utilización del electorado y que no tiene programas sustantivos que luego cumple en el gobierno. Por último, la izquierda debe construir miradas propias y más coherentes con su legado respecto de múltiples fenómenos sociales sobre los cuales ha perdido terreno. Por ejemplo, debe imponer una mirada con la complejidad necesaria respecto del avance –y el uso comunicacional- de la criminalidad en la sociedad latinoamericana, expresada en la tasa de homicidios, bandas juveniles violentas, actos delictivos por dependencia de la droga, etc. Debe privilegiarse un predominio de la política y la sociedad para enfrentar este fenómeno, no reduciendo su interpretación y tratamiento, a cuestiones de conductas desviadas y a un avance de la militarización de la sociedad.
Una orientación de izquierda debe promover formas de propiedad y de gestión distintas a la capitalista, aunque no las busque eliminar. Ello va desde recuperar formas tradicionales a abrir iniciativas de tipo alternativo, configurando una economía mixta con la privado capitalista, a través de la pequeña producción mercantil, la economía pública y la social y comunitaria, como han propuesto los gobiernos de Morales, Correa, Lula y Chávez.
Debe considerar “lo económico” y “lo social” como caras de un modelo de desarrollo. Una estrategia de desarrollo debe justificarse en función de un cierto número de objetivos sociales para lo cual el crecimiento o el equilibrio económico sólo pueden ser tratados como medios. Los objetivos sociales - pensiones y seguridad social, mejoras de la educación y salud, vivienda- no pueden ser tratados como meros asuntos privados, sino estar explicitados e intrínsecamente comprendidos en los proyectos de desarrollo.
En tercer lugar, debe diversificar y cualificar la forma de relación económica con el mundo. Esto significa una estrategia de creación de valor agregado interno y desarrollo de sectores industriales y servicios. La izquierda no puede repetir estrategias de desarrollo basadas en la exportación de recursos naturales aunque haya coyunturas muy favorables a sus precios. Esto, no es fácil pues enfrenta una competencia de países asiáticos que pueden tener en algunos casos mayor productividad pero, en otras, tienen una alta competitividad basados en condiciones muy malas de la fuerza de trabajo.
En cuarto lugar, en complementariedad (y tensión) con el punto anterior, para conciliar lo económico con reales efectos sociales beneficiosos, la izquierda debe hacer una mayor consideración de los mercados internos como componente de la dinámica económica. Debe retomar consideraciones keynesianas acerca de la importancia de las necesidades y demandas agregadas nacionales para efectos de incentivar y orientar la producción.
Una política de izquierda debe ayudar a generar normas éticas internacionales que reduzcan y orienten las influencias de las grandes empresas. Esto, porque es algo ya objetivado que la reducción de los márgenes de maniobra nacionales de los países de menor poder mundial proviene también de las grandes empresas privadas trasnacionales, las que han aumentado en peso, cantidad y capacidad de presionar a los gobiernos. Una política de izquierda no puede desconocer que cualquier política de cambios sociales distintos al liberal enfrentará fuertes resistencias. Aunque es cierto que el tiempo ha marcado distancia, aun en los organismos internacionales, respecto de las ideas liberales puras del Consenso de Washington. En general, la izquierda debe reconocer la necesidad de resolver la dificultad de acción cuando un Estado es débil frente a las clases ricas internas, al capital extranjero y a organismos internacionales.
Finalmente, la izquierda suele estar más clara de lo que no quiere pero menos clara de lo que levantaría como alternativa y, menos aun, de cómo lo ejecutaría. Debe, en definitiva, construir su identidad, en un cierto movimiento “hacia dentro”; pero con una apertura que ha solido no tener en el pasado, en un movimiento “hacia fuera”, para levantar un “programa de izquierda”.
Necesita también moverse dentro de una tensión entre la necesidad de grados de fuerza compacta y centralizada y el cobijar, democráticamente, tendencias o fuerzas dispersas, diversas y anti-centralistas.
Todo esto necesita la convicción de que es posible un mundo más solidario, más justo, más integrado, con más calidad de vida. La frustración de esta esperanza puede revertir la alentadora guiñada hacia la izquierda de América Latina en su lucha por la soberanía, integración, democracia y justicia social. Sin embargo, la necesidad de esa convicción como energía movilizadora, no debe impedir la necesidad de crítica libre y abierta a los procesos, sin la cual lo primero se convierte en un movimiento puramente irracional y repetitivo.
*Raúl González es académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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