"NO DEJEMOS MORIR LA EDUCACION SUPERIOR ESTATAL", Juan M. Zolezzi

Por Juan Manuel Zolezzi* / La Nación


Hemos sido testigos de las prolongadas manifestaciones estudiantiles y de la agudización de la vehemencia en expresar sus reclamos y planteamientos.

Por un lado, las nuevas generaciones, igual que ayer, portadoras de legítimas aspiraciones y renovados ideales, concitan la unificación de fuerzas y entusiasmos para ejercer necesarias presiones ante una lenta y entramada institucionalidad, de tradición conciliadora de la diversidad económica, social y cultural del país, que parece no responder con la contundencia y velocidad a un tema crucialmente estratégico, como la educación en todos sus niveles.

Ésta debe articularse de forma inteligente para sustentar el desarrollo de Chile como nación y espacio de convivencia de todos los chilenos.

Las frustraciones agudas de esas generaciones parecen causarles presiones desmedidas a su comportamiento, el que suele transgredir los parámetros básicos de entendimiento necesarios para concordar de modo civilizado las mejores formas de atender con eficacia las demandas estudiantiles.

La problemática de la educación chilena se arrastra por años y hace indispensable revisar, cada vez que sea necesario, el marco en el que se desarrolla, en especial el de las instituciones de educación superior.

Las 16 universidades estatales que reciben aportes directos mínimos de parte del Estado, mediante su quehacer, hacen posible garantizar a los jóvenes una preparación de calidad y excelencia, con diversidad de visiones, tolerante y pluralista, con equidad en el acceso al conocimiento, sin discriminación, fronteras temáticas ni limitación a intereses específicos.

La creciente complejización de la educación superior -a nivel mundial y nacional- hace que el rol de la universidad estatal sea cada vez menos nítido. Aspectos como la integración a la lógica del mercado del resto de las universidades, su financiamiento corporativo y el escaso financiamiento estatal dificultan el quehacer de las casas de estudio del Estado.

Lo que caracteriza a las universidades públicas de propiedad del Estado es su deber específico de estimular los valores públicos comunes. Nos corresponde fortalecer la dimensión de lo que nos es común, los objetivos y las expectativas que nos unen como nación.

Debemos garantizar que el país disponga de un capital humano de excelencia y calidad y con los conocimientos que le permitan orientar su acción en función del bien común de sus habitantes, más allá de intereses individuales, corporativos o sectoriales. No se trata que las universidades estatales monopolicemos las funciones públicas, sino que para nosotros la misión específica es garantizar, por nuestra existencia y quehacer, el aporte a valores públicos de importancia para toda la población tales como la diversidad, equidad, integración y pluralismo. Ésta es nuestra verdadera razón de ser y de ella deriva la importancia de nuestra existencia.

La universidad estatal debe asegurar el diálogo entre las expresiones y miradas, estimulando y abriendo espacios sin exclusión. Esta apertura y amplitud es en especial necesaria respecto de aquellos ámbitos del saber que otras universidades no cubren suficientemente y que el país necesita, integrando en ello las regiones del país, los diferentes grupos socioeconómicos y las disciplinas más postergadas.

También le cabe a la universidad estatal un rol fundamental en la promoción del desarrollo de diversas disciplinas científicas, sociales, artísticas y culturales, en particular en las áreas que el mercado no alcanza o no le interesa.

Junto a lo anterior, a las universidades estatales se nos exige como tarea permanente investigación y desarrollo en áreas de interés para el progreso del país, en momentos históricos en los que ya no existe duda respecto al nexo entre desarrollo, conocimiento e innovación.

La aguda crisis que enfrenta el sistema de educación superior estatal nos ha hecho enfrentar de forma decidida problemas como la crítica situación financiera de estas universidades -solicitando el aumento de los aportes basales que hoy en el mejor de los casos alcanzan a tan sólo 25% de nuestros presupuestos-, mayor y mejor financiamiento para los estudiantes, apoyo para mejorar los equipamientos de pregrado, facultades y recursos para la renovación urgente de las plantas académicas y administrativas, devolución de recursos por leyes impuestas por el Estado sin los aportes correspondientes, flexibilización del sistema legal y administrativo para una mejor gestión.

Una condición insoslayable de las universidades estatales es que debemos ser instituciones de reconocida excelencia y calidad en los ámbitos de nuestras competencias. Es un requisito que la sociedad se merece y debe exigir; de otra forma, el aporte que como instituciones realizamos no garantiza una contribución real al bien común.

*Rector de la Universidad de Santiago de Chile