La letra… con sangre entra
Un alumno golpeado por un inspector, una niña con su hoja de anotaciones llena a pesar de su buena conducta y seguimientos constantes a los estudiantes. Es la táctica de tolerancia cero impulsada por el director para que los jóvenes dirigentes abandonen las protestas y los discursos políticos. Un modus operandi que se arrastra desde antes del “jarrazo” de María Música y que tiene a profesores y estudiantes viviendo como en estado de sitio.
Por Beatriz Michell / La Nación Domingo
Que María Música le haga reforzamiento a los cursos menores, aprovechando su buen rendimiento", dijo un maestro en el Consejo de Profesores mientras determinaban qué sanción podían darle a la niña que le tiró el agua de un jarro a la ministra de Educación. "No", contestó un profesor ante la idea, "puede aprovecharlo para ideologizar a los niños". Luego propusieron que trabajara en la biblioteca, pero algunos rechazaron la idea argumentando que la adolescente podía poner una bomba.
Después del "jarrazo" la situación se ha polarizado en el Darío Salas. Por un lado, están los profesores que abogaban por darle una sanción formativa. Por otro lado, los que apoyaron la expulsión. "Todos estábamos de acuerdo en que el jarrazo fue una agresión y que había que sancionarla para que entendiera que las cosas que uno hace tienen consecuencias, pero unos actuaron como el tribunal de la Inquisición y otros como profesores del siglo XXI", asegura una profesora del liceo.
Después de la apelación de la madre de María Música, Ruth Cavieres, este lunes el Consejo de Profesores determinará finalmente si mantiene la decisión de expulsarla o no. Pero María Música no es la primera ni la única estudiante que se ha encontrado con un garrote en el liceo santiaguino. Anotaciones negativas, amenazas, seguimientos y sanciones desproporcionadas son algunos de los métodos que utilizan ciertos profesores e inspectores para castigar a los alumnos que promueven las protestas (ver Nota al final).
ME ANOTAI POR TO' O
"Comenzaron a perseguirnos cuando formamos la asamblea, en mayo, pero la represión no fue sólo en mi colegio, sino que se extendió a todos los liceos de la Región Metropolitana", asegura Leonor Benítez, una de las voceras del Darío Salas. Una semana después de que comenzaron las tomas en ese establecimiento para protestar por la Ley General de Educación (LGE), al igual que en muchos colegios municipales de Chile, la hoja de anotaciones de Leonor estaba repleta. Una semana antes, ningún lápiz había rayado sobre ella.
"Leonor Benítez es una excelente alumna. Muy inteligente, responsable, participativa. Yo la respeto mucho", asegura una profesora que prefiere ocultar su identidad para cuidar su trabajo. Leonor tiene promedio sobre seis y conducta irreprochable, pero es dirigente estudiantil, lo que la sepultó ante los ojos del director y los inspectores generales. Un día, en mayo, entró la inspectora general a la sala de profesores y le pidió a éstos que le pusieran las anotaciones "que correspondan" a Leonor.
"Lo que nos estaban pidiendo es que la anotáramos por cualquier cosa para tener razones para desprestigiarla y argumentos para echarla del colegio", asegura otra educadora. Uno de los docentes presentes retrucó: "Pero si ella es excelente alumna, ¿qué anotaciones vamos a poner si no tenemos razones?".
Las razones no sirvieron de nada, pues a los pocos días la hoja de Leonor en el libro de clases estaba llena. "La anotan porque se demora en ir al baño, porque lidera tomas", explica un compañero de curso. "A partir de esa semana, cuando yo pedía bajar al baño, los profesores que me apoyaban me aconsejaban que no saliera de la sala porque se me podía acusar de colocar bombas de ruido. Me decían que tuviera cuidado", comenta Leonor.
LA SOMBRA DEL INSPECTOR
Los ojos de los inspectores están encima de los dirigentes estudiantiles durante todo el día escolar. Saben con quién se juntan, con quién conversan, dónde se sientan, qué libros leen y qué comen. Los seguimientos son como el pan de cada día para los alumnos. "Cuando yo salía a cada recreo, el inspector Alberto Aravena me seguía a todos lados", asegura Leonor. Quince son los dirigentes más amedrentados, aunque la persecución se centre en uno o dos. Y con eso aprovechan de dejar un mensaje a todos los estudiantes del Darío Salas, añaden los estudiantes.
El mismo Alberto Aravena fue el inspector que le estampó un combo a Nicolás Ahumada, también vocero de la asamblea, un día que los estudiantes llamaron a paro interno y querían tomarse el pabellón administrativo del liceo. Le dejó una contusión interna en el labio y hematomas en ambos brazos. Unos días antes lo habían suspendido "sin razones concretas", según los alumnos y apoderados. Según una profesora, Nicolás también es buen alumno.
María Música no ha sido la única expulsada. Nicolás Rojas, de tercero medio, también sufrió la misma sanción este año. Pedro Vega y Hans González lo vivieron a fines de 2007, por las mismas razones. "La historia se repite, sólo cambiaron los personajes. Lo que hacen es esperar a fin de año para echar a los dirigentes", denuncia un profesor.
El traslado de estudiantes de un colegio a otro es habitual cuando se trata de adolescentes drogadictos, conflictivos, desordenados o repitentes. Sin embargo, con el aumento de las protestas estudiantiles, esta práctica se ha extendido a los dirigentes, aunque sean los mejores del curso. Los profesores aseguran que es algo generalizado entre los colegios de la comuna de Santiago. "Es verdad que pueden seguir sus estudios en otros liceos, pero es complicado cambiar de colegio a un adolescente, porque están en un período de mucho cambio y necesitan mantener sus nexos sociales", advierte una profesora preocupada por la situación de María Música.
El jueves a las 9:50 de la mañana sonó el timbre para volver a clases después del primer recreo, pero todos los estudiantes permanecieron en el patio como símbolo de protesta, acción que han repetido todos los días desde la expulsión de la joven. Y mientras el ambiente está que arde entre la polarización de los profesores y el enojo de los alumnos, se desarrolla el concurso para nuevo director del colegio. Julio García Provoste se repostula.
Una profesora disminuye la voz y confiesa: "Ojalá no vuelva a ser elegido, todo esto es culpa de él. Ha sido como volver a la dictadura". Más que mal, advierte la misma profesora, el rector ingresó al Darío Salas en 1981 como inspector general y se ha mantenido como un vitalicio.
“Eliminar a los que revuelven el gallinero”
A comienzos de julio los apoderados del Darío Salas lanzaron una declaración pública para denunciar la “persecución contra el estudiantado adherente al movimiento estudiantil, que se expresa principalmente en el trato que reciben los voceros”, según reza el documento del 2 de julio de 2008. En él, los apoderados detallan:
– Maltratos físicos y sicológicos: privación de libertad a niños y niñas de séptimo y octavo básico, que son encerrados en sus salas para evitar que se unan a las asambleas y acciones estudiantiles. La inspectora general, Brunilda Torres, encierra a una vocera durante una hora y media para conminarla a que se autoinculpe o culpe a otros de colocar una bomba de ruido en el liceo.
– Acusaciones falsas: profesoras inculpan a una vocera estudiantil de recibir “pagos” por adherir al movimiento, inspectoría general y dirección acusan a un vocero de causar la caída de un portón que fue empujado por cientos de alumnos, y un trabajador administrativo inculpa a una vocera de poner bombas de ruido, sin tener pruebas de ello.
– Amenazas: el subdirector del liceo, Juan Roldán, dice que “es mejor eliminar a las 15 personas que revuelven el gallinero”.
Y en la calle también
No sólo en el Liceo Darío Salas se dan casos de persecución a los estudiantes. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Asociación Americana de Juristas, se han hecho parte de la campaña de denuncia de la agresión policial contra los estudiantes chilenos en manifestaciones y desalojos de colegios, además de persecuciones en las calles de Santiago.
Alejandra Saavedra, dirigente del Liceo Confederación Suiza, lo vivió en carne propia. A fines de junio estaba con un grupo de compañeros en el Parque Forestal esperando que empezara la marcha y decidió caminar hasta la salida del Metro Baquedano para llamar por teléfono. Apenas se acercó a una cabina, los carabineros del Gope le advirtieron que le harían control de identidad. Alejandra fue encerrada en la micro verde para, según le dijeron, llevarla a la comisaría. En el lugar, seis niñas más figuraban con la cabeza gacha y en silencio. “No hablen, ni levanten la cabeza”, mandataron los carabineros, pero dos adolescentes se pusieron a conversar y fueron calladas con fuertes golpes. Alejandra no recibió agresiones físicas, pero tampoco entró a ninguna comisaría. Después de andar en el carro policial, las niñas fueron soltadas, una por una, en distintos puntos de Santiago. Cuando la dejaron en la calle, Alejandra no sabía dónde estaba. David Rojas, compañero de Alejandra, asegura que esto es una práctica frecuente de Carabineros.
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