El gobierno propuso compatibilizar la nueva Constitución con los estatutos autonómicos, discutir las regalías del gas y acordar la designación de magistrados. Pero, según Morales, “los prefectos sólo quieren discutir plata y no política”.
Por Sebastián Ochoa
Desde santa Cruz
“Siento que los prefectos sólo quieren plata y no quieren tocar la cuestión política. Si interpretamos el sentimiento expresado mediante el referéndum revocatorio, el pueblo boliviano quiere cambios profundos en lo estructural y especialmente en lo político. Por eso llego a la conclusión de que el pueblo boliviano quiere autonomías, quiere una nueva Constitución”, dijo el presidente Evo Morales tras el insípido encuentro con los prefectos de la Media Luna. El cónclave terminó ayer a las 9, cuando se fueron los “gobernadores” de Tarija, Pando, Beni, Chuquisaca y el secretario general de la prefectura de Santa Cruz, Roly Aguilera. No hubo acuerdo. El gobierno propuso compatibilizar la nueva Constitución con los estatutos autonómicos, textos actualmente enfrentados; discutir la quita del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que el gobierno impuso a las prefecturas; y acordar la designación de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC) y vocales para la Corte Nacional Electoral (CNE). De vuelta en Santa Cruz, la dirigencia de la Media Luna, vestida de Consejo Nacional Democrático (Conalde), rechazó la propuesta de Morales, levantó su huelga de hambre y convocó a un “paro cívico” el 19 de agosto. Ayer, con el 96 por ciento de las urnas escrutadas, el Sí al presidente alcanzaba el 67,7 por ciento.
Acorde con su creativo slogan, “Autonomía al andar”, la prefectura cruceña aprobó una “ley”: “Se convoca a elecciones en el departamento autónomo de Santa Cruz para asambleístas legislativos departamentales, subgobernadores y corregidores, el día 25 de enero de 2009”, dice el texto firmado por el prefecto, Rubén Costas, que no había ido a La Paz porque decía sentirse mal por la huelga. El y mil orientales exigían el 30 por ciento del IDH cortado por el gobierno para pagar un bono de 30 dólares por mes a los ancianos.
Los asambleístas crearán las leyes del “gobierno autónomo” cruceño. Según la Constitución vigente, sólo puede hacer leyes el Poder Legislativo, no las prefecturas, que dependen del Poder Ejecutivo. El secretario de Justicia cruceño, Vladimir Peña, indicó que “se entregarán los recursos necesarios a la Corte Electoral para que administre estas elecciones. Los recursos serán aprobados por la Asamblea Legislativa”, no reconocida por el gobierno.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, expresó el desagrado del gobierno: “Se reitera esta actitud soberbia y rabiosa del prefecto Costas, que no vino a La Paz con el pretexto de estar mal de salud, pero con su as bajo la manga acaba de emitir esta resolución ilegal e inconstitucional. Que juzgue el pueblo boliviano”.
En la Media Luna emplearon el argumento de que Morales no devuelve el IDH porque aborrece al oriente boliviano. “¿Cuál es la razón por la que el gobierno no acepta restituir el IDH? Con esa acción entendemos que el gobierno quiere ahogar a las prefecturas en la ejecución de sus proyectos”, dijo el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
Se suponía que el referéndum revocatorio alisaría el terreno para que las variadas fuerzas políticas normalizaran su convivencia. Ante la evidencia de que no es así, el gobierno propuso otro referéndum para que “sea el pueblo el que dirima si la propuesta autonómica que está reflejada en la nueva Constitución es la que más le conviene al país o si es la propuesta autonómica que está reflejada en los estatutos de las regiones”, dijo el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic.
En la Media Luna crece la tensión. Ya el domingo de elecciones en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, habían sido secuestrados dos médicos enviados por el gobierno de Cuba y el coordinador local del programa de alfabetización Yo Sí Puedo. El día de la “fiesta democrática”, “un grupo de unos 40 miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y dirigentes cívicos irrumpieron en la casa donde viven los colaboradores de la salud cubanos, insultándolos y agrediéndolos físicamente. Uno resultó golpeado seriamente en la cabeza y en la espalda. Los agresores forzaron a los colaboradores a subir a una camioneta y los sacaron a una distancia de 10 kilómetros fuera del pueblo. Durante todo el trayecto nuestros compañeros fueron insultados y amenazados de muerte”, denunció la Embajada de Cuba. En varios pueblos de este departamento, los electores fueron obligados a votar en público para que no erraran el lugar donde había que poner la X.
La violencia en Santa Cruz no cedió después de las elecciones. El miércoles a la tarde, seis jóvenes lanzaron diez bombas molotov a la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), una organización que brinda asesoramiento legal a indígenas y campesinos en sus demandas territoriales. Los grupos cívicos y autonomistas acusan al Cejis de “masista” porque, cuando Morales asumió, se llevó a varios funcionarios de la organización a su gabinete.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, leyó la resolución del Conalde, que dice: “Mientras persista la confiscación de los recursos de nuestros departamentos, advertimos a las autoridades nacionales que su presencia en nuestros departamentos será considerada no grata y no bienvenida”. El terrateniente y agroindustrial dijo que el paro cívico será para “profundizar la lucha de nuestros prefectos”. A partir de ahí, encomiendan “a los comités cívicos e instituciones departamentales la organización y coordinación de otras medidas, para el caso de no ser atendidas nuestras demandas en defensa de nuestras regalías y el IDH”.
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