NUEVA INSTITUCIONALIDAD UNIVERSITARIA, Luis A. Riveros

Lunes 11 de Febrero de 2008

EL MERCURIO

Ha sido objeto de largo debate la permanencia del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas bajo la misma legalidad de los años 60. Entonces había ocho universidades en Chile que se financiaban casi íntegramente con aportes estatales y reducidos ingresos por aranceles. En esa época, las mismas atendían a alrededor de un 9% de la población entre 18 y 24 años de edad, y la oferta se concentraba fundamentalmente en Santiago.

Hoy la realidad es muy distinta: directamente el Estado financia entre el 6% y el 20% de los presupuestos de universidades estatales, mientras que existen 25 universidades en el Consejo (incluyendo derivadas de las originales ocho) y unas 35 fuera de él, además de los institutos profesionales y centros de formación técnica. La educación superior cubre poco más de 35% de la población entre 18 y 24 años, y la misma se encuentra ampliamente esparcida a lo largo del país. El Consejo ha perdido preponderancia numérica y académica.

Hay dos elementos que aún explican la permanencia del Consejo de Rectores: (1) la existencia del Aporte Fiscal Directo a cada una de las universidades miembros —privadas y estatales—, que tiene poco de justificable en un ambiente en que se compite ampliamente por recursos en todos los terrenos; (2) la existencia de un Sistema de Selección y Admisión común. En cuanto a lo primero, sólo las universidades estatales, en la medida en que se constituyan en instrumentos efectivos del Estado, debiesen recibir un aporte presupuestario fiscal, que debe obedecer a una cuenta por resultados y gestión. Todo el resto del sistema, incluyendo a las propias estatales, debiera competir por recursos en materia de docencia e investigación. Respecto de lo segundo, el sistema común es cada vez menos relevante para las propias universidades del Consejo dada la existencia de programas de pregrado que no requieren de selección vía PSU, debido tanto a que los puntajes mínimos se han transformado en una pesada restricción que reduce la capacidad de competencia de muchas universidades con las privadas como a que se ha hecho necesario que cada institución diseñe nuevos instrumentos de selección.

El Consejo de Rectores es primordialmente una coordinación de iniciativas que agrupa a instituciones con marcadas diferencias en misión, pertenencia y nivel de complejidad. De la ley que lo creó no fluye nada que sea efectivamente compatible con la realidad actual, incluyendo la presidencia del mismo por parte del ministro de Educación. Una reforma a la educación superior debe dar paso a una nueva institucionalidad basada en dos ejes fundamentales. Por una parte, la presencia de universidades estatales con políticas activas del propietario en cuanto a su diseño, desempeño misional y calidad académica, estableciendo por esta vía un referente para el desarrollo del sistema. Por otra parte, la presencia de un sistema de acreditación, que efectivamente provea un ranking de universidades de acuerdo al reconocimiento que las instituciones obtienen sobre su trabajo académico. Por ello, la creación de un Consejo de Rectores de Universidades Estatales y de una Asociación Chilena de Universidades Acreditadas debiese constituir la nueva organización del sistema, que ya ha madurado bajo las líneas instauradas en los años ochenta y que así brindaría la necesaria oportunidad a todas las instituciones de calidad. El primero debe constituir un organismo de coordinación de políticas, para garantizar la calidad del desempeño de los brazos ejecutores del Estado en educación superior. El segundo debe ser una instancia de coordinación de políticas para todo el sistema, que propenda a transparentar y perfeccionar los mecanismos de financiamiento, provocar colaboración interinstitucional en los campos que corresponda y constituir un centro de discusión y propuesta en materia de políticas.

El actual sistema de educación superior ya ha cumplido un cuarto de siglo. Los cambios necesarios se han atrasado en forma inexplicable, a pesar de la expansión, madurez y evidente calidad que ha alcanzado, aunque con enorme varianza, el sistema así desarrollado. La acreditación constituyó un paso decisivo, pero no se ha dado ningún otro en materia de financiamiento institucional, organización y regulación del sistema y políticas hacia las universidades estatales. Ha llegado el momento de acometer esta tarea.

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